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Puertos del Estado advierte de que las navieras no podrán aplicar en plazo la norma europea de emisiones

El presidente de Puertos del Estado ha afirmado que es una normativa "más recaudatoria que efectiva"

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El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez, ha dicho que el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE) es una normativa "más recaudatoria que efectiva", porque en la actualidad las navieras no tienen tiempo de cambiar el grado de emisiones contaminantes que generan antes de su aplicación.

Lo ha dicho en una jornada sobre el ETS organizada por el Puerto de Barcelona, en la que también han participado el presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó; la secretaria general de la European Sea Ports Organisation (ESPO), Isabelle Ryckbost, y el presidente de la Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriático Ortientales, Zeno D'Agostino.

El régimen --que entró en vigor en mayo de 2023 y que a partir del 1 de enero de 2024 incluirá al sector marítimo-- establece un tope de emisiones de carbono para todos los sectores incluidos en la normativa y tasará las emisiones de efecto invernadero de los barcos que escalan en la UE.

Reducir las emisiones

Rodríguez ha apoyado el objetivo de reducción de emisiones contaminantes del ETS y que la normativa se haya ampliado al sector marítimo: "Pero no como se está haciendo", ha añadido.

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La Comisión Europea, mediante la presentación de la iniciativa conocida como el Plan Europeo de Redes, tiene como objetivo transformar la infraestructura eléctrica del Viejo Continente y hacerla compatible con sus metas ambiciosas de emisiones netas cero para el año 2050. Para ello, según Eurelectric, Bruselas deberá invertir un total de 2 billones de euros, es decir, alrededor de 65.000 millones al año.

Ha opinado que el actual redactado no cumple con los objetivos climáticos de la UE porque se generarán "rutas más largas" --y más contaminantes-- para evitar las tasas de los puertos europeos.

Salvadó ha pedido más tiempo para aplicar el ETS y cambiar el redactado inicial de la normativa para evitar desvíos de rutas marítimas.

Ha asegurado que coinciden con el objetivo del nuevo régimen porque pretende generar un incentivo financiero para que las navieras descarbonicen sus flotas y que no ponen "en duda en absoluto la filosofía de la directiva".

Pese a esto, Salvadó ha valorado que la normativa debería plantear una moratoria hasta que no se incluyan cambios que reduzcan el riesgo de desvío del tráfico marítimo y ha criticado que el actual redactado no ayuda ni a los puertos ni al medio ambiente, porque desvía las emisiones a otras partes del mundo y "el cambio climático es global".

La opinión de Europa

D'Agostino ha explicado que los gobiernos de Italia, Grecia y Portugal mostraron su desacuerdo con el régimen para las embarcaciones ante la Comisión de la UE y que espera que "en las próximas semanas haya alguna reacción".

"Solo el transporte marítimo de alta mar se verá afectado por el impacto negativo de esta directiva", ha añadido y ha asegurado que el tráfico se verá influenciado y modificado por el régimen desde principios de 2024.

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Ryckbost ha analizado que el ETS afecta más a los puertos mediterráneos que al resto de puertos de la UE, pero ha dicho que las infraestructuras marítimas del norte también comparten las preocupaciones planteadas por el Puerto de Barcelona.

Ha animado a los representantes portuarios a compartir con la ESPO "cada movimiento, cada cambio de ruta, cada cambio que se vea en el patrón de las líneas navieras, cada noticia que se tenga sobre inversiones en puertos vecinos" para poder traspasar la información a la UE.

Puertos españoles

La jornada también ha contado con una mesa redonda en la que han participado el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce; el ceo de Hutchison Ports, Guillermo Belcastro; el consejero delegado de Grimaldi España, Mario Massaroti, y el director de Relaciones Estratégicas del European Shippers Council.

Los ponentes han coincidido que quien contamina debe pagar pero han apuntado que la normativa perjudicará al sector, sobre todo en el campo de la competitividad, porque la UE no ha tenido en cuenta la seguridad económica del conjunto de empresas dedicadas al ámbito marítimo.

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