El Battery Passport se perfila como una herramienta decisiva para el futuro inmediato del mercado europeo de las baterías y, a partir de 2027, dejará de ser una recomendación para convertirse en una condición obligatoria de acceso al mercado de la Unión Europea. A partir del 18 de febrero de ese año, cualquier batería de vehículo eléctrico, batería industrial de más de 2 kWh o batería destinada a patinetes y bicicletas eléctricas que se comercialice en la UE deberá disponer de un pasaporte digital conforme; operar sin él implicará prohibiciones de venta, inmovilizaciones en aduanas, retiradas de producto y sanciones económicas.
Este pasaporte digital, impulsado a escala global por la Global Battery Alliance (GBA), funciona como un registro único y verificable de información técnica, ambiental y social asociada a cada batería a lo largo de todo su ciclo de vida. Su objetivo es garantizar la trazabilidad de materias primas, medir la huella de carbono, acreditar prácticas responsables en la cadena de suministro y facilitar la circularidad, desde la fabricación hasta la reutilización o el reciclaje final.
Sin distinción
La exigencia no distingue entre origen comunitario o extracomunitario. Las obligaciones afectan tanto a fabricantes europeos como a baterías importadas y, en estos casos, la responsabilidad legal recae sobre el importador u operador económico que introduce por primera vez el producto en el mercado europeo. Este enfoque convierte al Battery Passport en un elemento central de cumplimiento normativo, pero también en una palanca competitiva para aquellas empresas que se anticipen al nuevo marco regulatorio.
Más allá del requisito legal, el pasaporte concentra más de 90 campos de información obligatoria, que abarcan desde la identificación del producto hasta indicadores de rendimiento, durabilidad, contenido reciclado, diligencia debida en materias primas y sostenibilidad. Parte de estos datos será de acceso público, mientras que otros quedarán restringidos a autoridades y agentes autorizados. Muchos de los indicadores clave deberán estar respaldados por ensayos técnicos y verificaciones realizadas por organismos acreditados, y cualquier incoherencia entre lo declarado y la evidencia técnica podrá ser objeto de controles prioritarios por parte de las autoridades de vigilancia de mercado a partir de 2027.








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