La vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que, desde el punto de vista institucional, el proceso de tramitación de la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza se ha convertido en "una película de terror".
"Desde el punto de vista institucional, lo que hemos visto ha sido, yo diría, una película de terror", dijo Ribera a su llegada a un consejo de ministros de Medioambiente de la UE, donde se espera que se pueda votar y aprobar el reglamento tras un cambio de posición de Austria hacia el "sí" a última hora.
El reglamento se ha politizado más allá de su articulado y se ha convertido en un símbolo de la lucha entre detractores y defensores del Pacto Verde Europeo.
La Ley de Restauración de la Naturaleza
En ese sentido, la titular española señaló que siempre le ha sorprendido "la manera en la que se ha abierto una batalla cultural en torno a algo que es obvio: no hay empleo en un planeta muerto, no hay seguridad alimentaria en un planeta degradado".
La Ley de Restauración de la Naturaleza pretende reparar al menos el 20 % de los ecosistemas degradados en 2030 y todos ellos para mitad de siglo, incluidas las tierras de cultivo, y tras superar con muchas dificultades todas las etapas en su tramitación, había vuelto a encallar cuando sólo faltaba la aprobación formal del Consejo (los países) tras un cambio de posición de Hungría el pasado marzo.
Pero el expediente, que Ribera calificó como "quizá uno de los más importantes para**** Europa, en particular para el sector primario", podría alcanzar de nuevo la mayoría cualificada necesaria con el nuevo cambio de posición que Austria anunció este mismo domingo.
"En 20 o 30 años, cuando le enseñe la belleza de nuestro país a mis nietas y me pregunten qué hiciste tú, les diré que todo lo que pude para preservarla", dijo a su llegada al consejo la ministra austríaca de Medioambiente, la ecologista Leonore Gewessler.
Su cambio de posición ha inclinado la balanza a favor de la biodiversidad al interpretar que está legalmente habilitada para apoyar el texto, pero le ha costado también un enfrentamiento con sus socios de gobierno, el Partido Popular (ÖVP).
El titular de Bélgica, Alain Maron, cuyo país ostenta la presidencia de turno del Consejo, señaló que "es importante para la credibilidad del Consejo en este punto del proceso" cerrar de nuevo un expediente que ya estaba cerrado y negociado.
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