La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que será "difícil" sacar adelante la reforma de la tarifa regulada (PVPC) de la luz en la que trabaja el Gobierno mientras no haya "consenso" por parte de las distintas partes implicadas.
En declaraciones a la prensa en la COP26 de Glasgow, subrayó que el compromiso del Gobierno en esta materia "es buscar el máximo compromiso, y no hay fechas si no hay consenso". "Me parece que como aparentemente está resultando difícil que haya un espacio común, no veo fácil que haya consenso en esta cuestión", indicó.
El gabinete dirigido por Teresa Ribera estudiaba una reforma para sacar del mercado mayorista eléctrico ('pool') toda la generación de renovables, biomasa y cogeneración con retribución específica, lo que es conocido como régimen especial o Recore, para vincularla a los consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada o PVPC y a la industria española.
En concreto, esta propuesta pasa por adelantar el ajuste de la rentabilidad de estas plantas que reciben retribución especifica, que, por los elevados precios, están adelantando dicha rentabilidad, y que se salda cada tres años.
En este sentido, la ministra reconoció que la propuesta se ha encontrado con "la oposición" por parte de "algunas empresas" en las conversaciones mantenidas, así como de "algunos comercializadores, que prefieren que no se cambie nada".
"Algunas empresas han expresado su oposición a que esta energía renovable pagada a la rentabilidad asegurada por ley pudiera ponerse a disposición de terceros", dijo.
Ribera señaló que en los acercamientos mantenidos con el sector renovable para plantear la propuesta el Gobierno ha encontrado una respuesta de las asociaciones "muy positiva", aunque subrayó que sin consenso "no hay fecha" para poder abordar la medida.
Concretamente, las comercializadoras independientes se oponen a la medida porque creen que va contra la libre competencia en el mercado eléctrico. Por ello solicitaron evitar que se crucen determinadas líneas rojas que puedan alterar, de forma perniciosa para la libre competencia y liberalización del mercado eléctrico, la actual configuración del mercado eléctrico, la participación de las renovables en competencia con otros agentes dentro de un mismo mercado, y la actual configuración de los servicios de representación de agentes independientes con las limitaciones vigentes a los agentes incumbentes.
Por su parte, las renovables han pedido al Gobierno que se les compense de alguna forma ya que la medida afecta directamente a la caja de las empresas desarrolladoras de las plantas del RECORE. Su financiación y liquidez se verán afectadas.
El Gobierno paralizó el viernes 6 de noviembre el RDL que pretendía aprobar el lunes 8 en Consejo de Ministros al encontrarse la oposición de las comercializadoras independientes y del sector renovable a esta medida.
Desde entonces la reforma Ribera ha estado paralizada a la espera de que se retoque alguna de las medidas tal y como han solicitado los principales afectados.
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