Sánchez y su capacidad para descontentar al sector energético

El Gobierno de Pedro Sánchez nunca sabes por dónde puede venir. Al igual eres aliado suyo como te conviertes en enemigo público número uno. Y eso es lo que le sucede al sector energético en su relación con Moncloa en los últimos años.

Cuando al Gobierno le viene bien hablar del PNIEC o de la electrificación de la economía se arrima a las eléctricas. Cuando vienen mal dadas, fríe a impuestos a las compañías de todo el sector o las amenaza con algo.

Para muestra dos botones. Septiembre de 2021. Parece que el verano le da tiempo suficiente a Sánchez para pensar qué hacer con las energéticas. Anuncia a bombo y platillo en una entrevista en RTVE aquello del tope. ¿Se acuerdan? También anunció que acabará con los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Esas palabras fueron un jarrón de agua fría para el sector. Lo dejaron totalmente fuera de juego. Nadie entendía nada ni a santo de qué se había producido tal cambio.

La crisis de precios aún casi ni se notaba en comparación con lo que luego se vio en 2022 y 2023.

Saca adelante el tope al gas en Bruselas que nos hace comprar más gas que nunca en comparación con los últimos años. Eso sí, hace bajar el precio de la electricidad a un buen número de españoles a través de la tarifa regulada. También subimos emisiones.

Luego aprueba un impuesto extraordinario contra los ingresos, y no contra los beneficios de todas las empresas del sector energético. Las empresas lo llevan ante la Justicia por discriminatorio.

Del PNIEC al impuesto

Ahora. Septiembre 2024. El Gobierno anuncia la actualización del PNIEC 2030 y se echa de nuevo a los brazos del sector, fundamental para sacar adelante las inversiones necesarias para cumplir dicho plan.

Octubre de 2024. El Gobierno de Pedro Sánchez anuncia a bombo y platillo que va a hacer permanente el impuesto a las energéticas con las que recauda mçás de 2.000 millones de euros al año.

Las empresas daban por hecho que se finalizaba este 31 de diciembre, pero el Gobierno necesita más dinero para cubrir deuda y pagar el sector público. Así que anuncia hacerlo permanente. No se entiende muy bien porque no dan muchas explicaciones y no se basan en nada, ya no hay precios desorbitados en los mercados, ni petróleo, ni gas ni la luz en comparación cuando se decidió aprobar el impuesto.

El problema que tiene el Gobierno es que ahora necesita el apoyo de todos sus socios para sacarlo adelante. En Bruselas ya no permiten más medidas basadas en la crisis, que ya es agua pasada. Tiene que diseñar un nuevo impuesto.

Menos inversiones

¿Consecuencias? Repsol dejará de invertir en España en sus tres grandes proyectos de transformación de sus refinerías. Cerca de 1.000 millones para desarrollar 350 MW de electrolizadores en Bilbao, Tarragona y Cartagena.

Iberdrola realiza su mayor inversión en Reino Unido y no en España. Endesa se dedica a vender activos. Cepsa también ve peligrar sus inversiones en hidrógeno en sus Energy Parks de Algeciras y Huelva. A Naturgy le prohíben todo, ni el proyecto de escisión ni la operación con TAQA.

Todas las grandes empresas energéticas tienen como dueños o propietarios a grandes fondos soberanos (léase Qatar, Emiratos Árabes, Noruega) como grandes fondos de inversión (Blackrock, Carlyle, CVC, etc). Todas ellas tienen que tomar la decisión en los próximos años de realizar enormes inversiones de dinero para sacar adelante el plan verde del Gobierno.

¿Cómo creen en Moncloa que sienta un impuesto de este calado en el capital social de las compañías? ¿Qué creen que piensan los fondos de inversión, soberanos o privados, de actuaciones así?

A los inversores no les gusta nada los impuestos y huyen de ellos. Si ahora le subes la fiscalidad a las empresas energéticas es prácticamente imposible que lleven a cabo sus inversiones. Es de cajón.

Ahora parece que Junts no está por la labor de aprobar esta nueva figura fiscal. Veremos cómo queda la cosa. De momento, sigue la batalla, creada por Sánchez, entre Gobierno y sector energético. El cuanto de nunca acabar.

Un análisis de Ramón Roca, director de El Periódico de la Energía.