La prórroga del 'escudo social' aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a la crisis del Covid-19, finaliza este miércoles.
El Ejecutivo dio luz verde al llamado 'escudo social' en marzo con varios decretos en los que recogía medidas sanitarias, económicas y sociales para hacer frene a la crisis del Covid-19 y las consecuencias del confinamiento derivado del Estado de alarma decretado.
Sin embargo, en julio aprobó tres paquetes de medidas para prorrogar hasta finales de septiembre la protección del 'escudo social' para aliviar entre otras cosas los suministros básicos de luz y gas hasta el 30 de septiembre.
Así, la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda, también concluye este miércoles.
Esta prohibición, habilitada excepcionalmente durante el estado alarma, establece que no se pueden realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.
La prohibición de cortes de agua, electricidad y gas natural, gases manufacturados y gases licuados de petróleo por canalización está dirigida exclusivamente a particulares y para los suministros adscritos a su vivienda habitual, cuestión que el consumidor podrá acreditar a través de cualquier medio documental que acredite fehacientemente esta circunstancia.
También se amplió hasta el 30 de septiembre el periodo de tiempo por el que no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente de pago y la suspensión de suministro por impago. Por tanto, si el primer aviso de pago se ha producido desde el inicio del estado de alarma hasta el 30 de septiembre, los plazos que han de transcurrir hasta que el suministrador pueda cortar el suministro empezarán a contar desde el 1 de octubre.
Otra medida que vence este miércoles es la prórroga automática de la vigencia del bono social eléctrico, un descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables.
Una vez concedido, el bono social tiene una vigencia de dos años. A su término, es necesario volver a tramitar la prestación que se concede siempre que se cumplan los requisitos. Con motivo de la declaración del estado de alarma, y para evitar que los beneficiarios que necesitasen renovarlo dejasen de percibir los descuentos y beneficios previstos, el Real Decreto-ley 8/2020, prorrogó de forma automática todos los bonos que expiren hasta el 15 de septiembre de 2020.
Con el fin de homogeneizar la duración de las medidas del escudo social, el Gobierno amplió la prórroga quince días más, con una estimación de unos 70.000 usuarios beneficiados.
UGT EXIGE LA PRÓRROGA
UGT ha instado al Gobierno a que prolongue la prohibición de los cortes de agua, electricidad y gas y la prórroga automática del bono social eléctrico a los hogares más vulnerables, porque la crisis provocada por la pandemia "aún persiste". El sindicato ha señalado que el número de beneficiarios del bono social ha ido aumentando durante la pandemia, alcanzando en abril a más de 1,2 millones de puntos de suministros.
Además, ha pedido que el plan de recuperación incorpore políticas sociales encaminadas a proteger a los colectivos más vulnerables, que se desarrolle el plan de la Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza energética y que se mejore la regulación del bono social energético para que llegue a todos los consumidores que realmente lo necesitan. También pide al Gobierno acometer ya un cambio de modelo energético socialmente justo y sostenible, que "regule el mercado de los precios para hacerlos asequibles y mayor transparencia a las comercializadoras eléctricas.
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