Lo que nunca se esperaba el sector renovable es que la Justicia se encargara de echar por tierra miles de millones de euros de inversiones. Eso es lo que está sucediendo en Galicia, dónde un juez, expolítico de En Marea (ahora integrada en BNG), ha querido coger la bandera del antirrenovablismo y elevarlo a la quinta esencia.

El magistrado Luis Villares es el hombre que está detrás de que las renovables no puedan desarrollarse en Galicia. Ahora caba de firmar prácticamente la sentencia de muerte a cientos de parques de renovables, eólicos y solares, que pretendían instalarse en la región.

Unas instalaciones que son fundamentales para la región ya que necesita energía limpia para su tejido industrial. El adiós de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama hace que las renovables sean fundamentales.

Según la AEE, “hay unos 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 megavatios de potencia, afectados por la judicialización” lo que supone “unos 4.200 millones de euros y alrededor de 4.800 empleos durante cinco años”.

A ello le puedes sumar los intereses en energía solar o eólica marina que hay en la región. Es decir, más de 10.000 millones de inversión.

Pues nada de todo esto se va a desarrollar al menos en los próximos dos años. "Y eso que muchas de estas instalaciones ya tienen la autorización previa y la de construcción con la declaración de impacto ambiental aprobada", explica Juan Virgilio, director general de la patronal eólica, quienes han denunciado inseguridad jurídica total en la región.

Cuestión prejudicial al TJUE

Un reciente auto del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) acaba de firmar una moratoria de al menos dos años a todas las renovables.

El Tribunal ha planteado una triple cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si la Xunta debió poner a disposición del público interesado (no solo de los promotores) los informes sectoriales sobre parques eólicos para que pudiese, en su caso, formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones de los proyectos antes de que fuesen aprobados.

Según el tribunal, esos informes sectoriales contienen información sobre materia forestal, de aguas, de patrimonio natural y cultural, de turismo, de salud, de energía eléctrica y de seguridad aérea, entre otros.

La Sala ha acordado suspender, a la espera de que se resuelva la cuestión prejudicial, el litigio en el que deberá decidir sobre la legalidad o no de la resolución de la Xunta en la que otorgó a Eurus Desarrollos Renovables las autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque eólico A Raña III, situado en el término municipal de Mazaricos (A Coruña).

Dos años de parálisis

Fuentes del sector explican a El Periódico de la Energía que hasta que no resuelva el TJUE estas cuestiones no se podrá instalar un sólo MW de renovables en la región. Parálisis total. El TJUE podría tardar más de dos años al menos hasta que se pronuncie.

El director general de la patronal eólica explica que el TSXG está poniendo en tela de juicio todo el sistema de evaluación ambiental que hay en todo el territorio nacional, ya no sólo el regional gallego. "Se trata de una norma de más de 11 años que es absolutamente garantista tal y como se ha demostrado en los últimos años".

No es el primer ataque que sufre la eólica en Galicia por parte de este juez que decidió volver a la judicatura tras su paso fallido por la política. Anteriormente ha aprobado en varias ocasiones medidas cautelares para así frenar distintos parques eólicos.

Esta misma semana se conocía que el TSXG aprobó la suspensión cautelar de trece parques eólicos.

La única causa que encuentran es que algunos afectados no se les avisó para poder presentar sus alegaciones en las declaraciones de impacto ambiental. Supuestamente son ecologistas los demandantes de todo ello que han encontrado en el juez Villares el aliado perfecto para dar la sentencia de muerte a las renovables en Galicia.

Un análisis de Ramón Roca, director de El Periódico de la Energía.