Soria hace oídos sordos a la propuesta de no pagar entre todos la indemnización de Castor

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha hecho oídos sordos a la propuesta que varias organizaciones sociales han solicitado al Ministerio para que no se traslade a la factura del gas la indemnización de 1.350 millones de euros que ya se ha pagado a ACS como propietaria del almacén de gas Castor.

Soria no ha querido responder a la pregunta que le ha hecho un periodista a este respecto en la rueda posterior al Consejo de Ministros. Lo tiene claro el ministro, el decreto se quedará tal y como lo redactó, por lo que todos los consumidores de gas, unos siete millones de españoles aproximadamente, pagarán esta indemnización durante los próximos años.

Estas organizaciones sociales creen que la indemnización es una deuda ilegítima que van a pagar los españoles y por eso reclaman al Gobierno que cambie la norma. Para ello, han creado una petición a través de la plataforma Avaaz.org por la que piden 5.000 firmas de los ciudadanos para no pagar Castor. Además, también han creado un hashtag en Twitter: #nopagocastor.

El ministro también se ha defendido de los ataques procedentes de Cataluña en el que acusaban al Gobierno de actuar con opacidad en este procedimiento. "Opacidad no solo no ha habido, sino que todas las condiciones y todos los requisitos para que se pudiera hacer el pago por parte del operador están incluidos en esa norma", ha afirmado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, el ministro también ha echado balones fuera sobre quien ha sido realmente el que ha puesto el dinero,como si no hubiera tenido nada que ver el Gobierno en todo esto. Así Soria ha señalado que el Gobierno "no ha pagado absolutamente nada" y que quien ha sufragado esta cantidad ha sido Enagás.

Según el mecanismo diseñado, Enagás recibe un derecho de cobro con cargo al sistema gasista, es decir, a los consumidores de gas, equivalente a la cantidad de la indemnización. Esta compañía ha cedido ese derecho a un grupo de bancos, quienes han abonado los 1.350 millones de euros a la sociedad concesionaria (Escal UGS, controlada por ACS) y cobrarán durante un plazo de 30 años esta cantidad más intereses mediante la tarifa del gas.

Con este mecanismo, la que seguro no ha puesto un euro es Enagás. De momento son los bancos (Santander, Caixabank y Bankia) los que han puesto el dinero por delante, y según la normativa eso se trasladará a los consumidores vía la tarifa.

Echa la culpa al PSOE

Para más inri, Soria ha culpabilizado al PSOE como artífice de la indemnización. Según el ministro, la indemnización a Escal UGS estaba prevista en el decreto de autorización de la concesión, aprobada por el anterior Gobierno en 2008, norma que también estipula que el concesionario puede renunciar en cualquier momento de desarrollo del proyecto y será compensado por el coste de la inversión, incluso aunque hubiera dolo por su parte.

Soria ha recordado que el actual Ejecutivo declaró lesiva esta cláusula, pero finalmente el Tribunal Supremo no aceptó el cambio en las condiciones de la concesión.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno también ha disminuido en dos puntos porcentuales la retribución de Castor y que se pararon todas las actividades de inyección de gas en el momento en que se detectaron movimientos sísmicos.