El Tribunal Superior de Londres ha rechazado este jueves la petición del Gobierno de España de anular el registro en Inglaterra de un laudo arbitral que le obliga a pagar 120 millones de euros a unos inversores perjudicados cuando en 2013 redujo las retribuciones aprobadas en 2007 para las energías renovables.

El juez Peter Fraser ha desestimado los argumentos de España de que tenía "inmunidad soberana" en la jurisdicción inglesa y de que una reciente jurisprudencia de la Unión Europea (UE) revocaba sus obligaciones adquiridas bajo el convenio internacional de arbitraje del CIADI de 1966 y el Tratado de la carta de la energía (TCE) de 1994.

El dictamen, que puede ser recurrido, valida la orden de registro firmada el 29 de junio de 2021 por su colega Sara Cockerill del llamado laudo Antin, emitido en 2018 por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), institución dependiente del Banco Mundial.

Las inversiones renovables de España

"No existen motivos adecuados para anular la orden o negarse a reconocer el laudo y, en todos los argumentos planteados por España en su solicitud -aquellos basados en la falta de jurisdicción o inmunidad, la carencia de un acuerdo de arbitraje, la invalidez del laudo y la no divulgación (de toda la información) a la jueza que emitió la orden-, España ha fracasado", dice Fraser en su fallo.

Esto acerca a los receptores del laudo -Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L y Energía Termosolar B.V- a poder cobrar su deuda mediante activos españoles en Inglaterra.

En este sentido, en un proceso paralelo aún en curso, éstos han obtenido una orden preliminar del Tribunal Superior para embargar 120 millones de euros de los 855 millones que España podría cobrar si gana un pleito con la aseguradora The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association por el vertido del Prestige en 2003.

Tras su polémica reforma del sistema de primas a las energías renovables, España ha afrontado 51 arbitrajes en varios países por esta causa, con reclamaciones por valor de unos 10.000 millones de euros y 28 laudos dictados, de los cuales hasta ahora ninguno se ha ejecutado.