En China no se andan con chiquitas. Un exejecutivo de la firma estatal china de generación de electricidad Huadian fue sentenciado a pena de muerte suspendida durante dos años por aceptar sobornos, informaron hoy medios estatales.
Yun Gongmin fue acusado por un tribunal de Changchun (provincia de Jilin, noreste) de abusar de su poder y embolsarse unos 468 millones de yuanes (70 millones de dólares, 65 millones de euros) entre 1992 y 2016 en varios de los puestos de responsabilidad que ocupó en instituciones del Partido Comunista chino (PCCh) y empresas estatales, según la agencia oficial Xinhua.
El tribunal consideró que la cuantía de los sobornos era "especialmente grande" y las circunstancias en que Yun cometió los delitos, "especialmente atroces", aunque dejó en suspenso la sentencia al considerar como atenuantes la confesión y arrepentimiento del acusado, así como su cooperación para devolver el dinero.
El pasado día 2, un exjefe del PCCh en la provincia insular de Hainan recibió la misma condena por aceptar sobornos.
Pena de muerte suspendida
Las penas de muerte suspendidas son relativamente comunes en China en casos de corrupción y significan que, si el reo no comete otros delitos y tiene buen comportamiento durante el período en el que está vigente la suspensión, puede ver su pena conmutada a cadena perpetua.
Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, comenzó una campaña anticorrupción en la que varios altos cargos chinos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.
Si bien esta campaña, uno de los programas estrella de Xi, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado a que también podría estar siendo utilizada para acabar con la carrera política de algunos de sus rivales.
El próximo otoño tendrá lugar en Pekín el XX Congreso del Partido Comunista, en el que Xi podría comenzar un tercer mandato inédito entre sus predecesores de las últimas décadas.
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