Una auditoría revela que dos fabricantes chinos recibieron ayudas de manera irregular

No descubrimos nada al recordar que los fabricantes chinos de automóviles han subido como la espuma a nivel comercial en los últimos dos años. Su gran oferta y su aperturismo han sido dos de los factores que han beneficiado su crecimiento aunque el punto clave ha sido, sin duda, la generosa ayuda que han recibido por parte del Gobierno chino. Un apoyo que si bien ha contribuido a consolidar al gigante asiático como una potencia en coches eléctricos, una reciente auditoría detalla que no todos los subsidios recibidos se han otorgado de manera justa y adecuada.

Un estudio encargado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT), en el que se ha estudiado con detenimiento cuál fue el programa de subvenciones a los vehículos eléctricos durante los años 2016 a 2020 para conocer si cumplían los requisitos, circunstancia que parece no haber sido así.

Las principales razones para la descalificación de los vehículos fueron la falta de documentación que acreditara la venta final y el incumplimiento de los umbrales mínimos de kilometraje requeridos para acceder a los incentivos estatales. En total, de los 75.000 vehículos evaluados de diferentes marcas, más de 21.700 vehículos estuvieron afectados, lo que representa cerca del 60% del total de solicitudes de subsidios improcedentes identificadas durante el periodo auditado. Entre las prácticas detectadas se encuentra la venta de vehículos a intermediarios para registrar ventas ficticias (“zero-mileage used cars”), con el objetivo de cumplir con los requisitos y acceder a los subsidios.

Dos marcas bajo la lupa

Del mismo modo, esta auditoría pone de relieve que dos de esos fabricantes analizados fueron los que más subsidios reclamaron cuando, en realidad, muchos de ellos no contaban con los requisitos suficientes. Lo más llamativo es que no son dos fabricantes cualquiera sino que hablamos en este caso de BYD y el Grupo Chery.

Se estima que todos los fabricantes analizados solicitaron de manera indebida alrededor de 864 millones de yuanes (aproximadamente 103 millones de euros al cambio actual) en subsidios. Chery habría reclamado fondos para unos 8.760 vehículos, mientras que BYD lo hizo para tan solo 4.900 unidades, lo que a su vez supondría haber recibido respectivamente 240 millones de yuanes (unos 29 millones de euros) y 143 millones de yuanes (unos 18 millones de euros).

El Grupo Chery (propietaria de Omoda, Jaecoo y Ebro) ha negado haber actuado de manera fraudulenta, argumentando que informó a las autoridades sobre la dificultad de obtener ciertos certificados de venta debido al tiempo transcurrido desde la comercialización de los vehículos. Según la empresa, el procedimiento seguido fue consultado previamente con los organismos oficiales, y sostiene que no existe dolo en sus declaraciones. BYD, por su parte, guarda silencio.

Y ahora, ¿qué?

El gobierno chino, decidido a limpiar su imagen y evitar el despilfarro de fondos públicos, podría exigir la devolución de los incentivos, un golpe que llega en plena crisis de sobreproducción y márgenes ajustados para la industria. Un escándalo que no solo pone en jaque a dos de los líderes del sector, sino que reaviva el debate sobre la transparencia y la sostenibilidad del modelo de subsidios que ha impulsado la revolución eléctrica en China. El futuro de los incentivos está en juego y la industria observa con preocupación las posibles consecuencias de este terremoto regulatorio.