Una fundación pone en alerta al sector renovable por sus recursos contra proyectos energéticos

La creciente litigiosidad que acompaña al desarrollo de las energías renovables en España suma un nuevo foco de preocupación para promotores, inversores y despachos especializados. Según una exclusiva publicada por El Confidencial, una veintena de empresas del sector denuncia un mismo patrón de actuación por parte de la Asociación Ecología y Libertad, una fundación que estaría presentando alegaciones y recursos administrativos contra proyectos de energías limpias en distintas comunidades autónomas y cuya actividad, aseguran los afectados, está provocando retrasos que ponen en riesgo la financiación y los calendarios de ejecución de numerosas inversiones.

La información apunta a que la entidad se ha convertido en un nombre sobradamente conocido entre desarrolladores de plantas fotovoltaicas, parques eólicos y proyectos de biogás, así como entre consultoras, despachos especializados e incluso técnicos de distintas administraciones públicas. Varias de las fuentes consultadas por el diario describen a la fundación como uno de los principales exponentes de la creciente oposición jurídica al despliegue renovable en España, un fenómeno que, unido a la complejidad administrativa y ambiental de los proyectos, está aumentando la incertidumbre sobre los plazos de ejecución.

Entidad independiente y sin ánimo de lucro

La Asociación Ecología y Libertad, constituida el 29 de julio de 2022 y con sede en el madrileño barrio de Salamanca, se presenta como una entidad independiente y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la defensa del medio ambiente a través del cumplimiento de la legislación vigente. Sin embargo, varias empresas sostienen que la fundación sigue un mismo esquema de actuación. En primer lugar, remite una propuesta para mantener una reunión o establecer una vía de colaboración con el promotor. Cuando esa oferta es rechazada, meses después comienzan a presentarse alegaciones contra los proyectos y, posteriormente, recursos administrativos frente a las autorizaciones concedidas.

Una de las compañías consultadas por El Confidencial comparte incluso la carta remitida por la fundación en la que se propone "tender puentes de colaboración". Tras declinar esa invitación, explica que recibió una batería de alegaciones contra sus desarrollos renovables. Otros promotores describen experiencias similares y aseguran que el contenido de las impugnaciones mantiene un patrón prácticamente idéntico independientemente del tipo de instalación o de la comunidad autónoma donde se tramite el expediente.

Las actuaciones afectan a proyectos de fotovoltaica, eólica y biogás repartidos por Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Madrid y la Comunidad Valenciana, entre otros territorios. Además, existen expedientes públicos en distintas administraciones, incluidas varias juntas autonómicas y ayuntamientos como los de Alcobendas o Guadalajara, que reflejan la presentación de alegaciones por parte de la asociación, aunque muchas de ellas terminaron siendo desestimadas. La fundación también ha colaborado con otros colectivos, como SOS Rural, en acciones dirigidas contra determinados desarrollos renovables, entre ellos un proyecto promovido por Greenalia en la provincia de Jaén.

Retrasos

Más allá del resultado final de los procedimientos, el principal problema señalado por las empresas es el retraso que generan estas actuaciones. Los promotores explican que cada alegación obliga a responder con informes técnicos y jurídicos, prolongando la tramitación de proyectos cuya viabilidad depende en gran medida del cumplimiento de hitos regulatorios y financieros.

Una empresa del sector del biogás consultada por el medio citado asegura que la demora provocada por estos recursos acabó generando importantes dificultades para cerrar la financiación de uno de sus proyectos, con pérdidas económicas millonarias. Otra compañía afirma haber recibido alegaciones de Ecología y Libertad en distintos expedientes tramitados en varias comunidades autónomas, tanto para instalaciones de biogás como para plantas fotovoltaicas, siguiendo un esquema muy similar en todos los casos.

Un responsable jurídico de una de las empresas afectadas explica que la estrategia adoptada por su compañía ha sido responder técnicamente a todas las alegaciones sin aceptar ningún tipo de colaboración con la fundación. Sin embargo, reconoce que la actividad de Ecología y Libertad es ampliamente conocida dentro del sector. De hecho, varias empresas y asociaciones han llegado a estudiar con sus asesores jurídicos la posibilidad de emprender acciones judiciales contra la entidad.

Algunos de los afectados llegan incluso a establecer un paralelismo con el antiguo modelo de actuación de Ausbanc en el sector financiero, al considerar que el verdadero impacto de estos procedimientos reside en la capacidad para prolongar la tramitación administrativa de los proyectos. En la misma línea, cinco despachos de abogados especializados consultados por El Confidencial reconocen conocer perfectamente la actividad de la fundación y advierten de que el mayor riesgo para sus clientes no es necesariamente perder los procedimientos, sino la incertidumbre y los retrasos derivados de mantener vivos los recursos durante meses o incluso años.

El caso cobra especial relevancia en un momento en el que España afronta una aceleración del despliegue de nueva capacidad renovable para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El sector viene alertando desde hace meses de que, además de la saturación administrativa, la creciente conflictividad judicial y el aumento de las impugnaciones se están convirtiendo en un factor cada vez más determinante para el desarrollo de nuevas instalaciones de generación, almacenamiento e infraestructuras energéticas.

Equipo

Al frente de Ecología y Libertad figura como presidenta Margarita Fernández García, abogada con experiencia en el ámbito urbanístico y medioambiental. No obstante, según la información publicada por El Confidencial, las propuestas de colaboración dirigidas a las empresas aparecen firmadas por Manuel Fernández Clemente, director de Acción Medioambiental de la fundación.

Fernández Clemente cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada al urbanismo. Junto a su hermano fundó el Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente tras haber desempeñado responsabilidades en la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid entre 1993 y 1997 y, posteriormente, en la Secretaría General Técnica de la entonces Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Su nombre también figura entre los investigados en el denominado caso Fundaciones, una causa judicial relacionada con la gestión del patrimonio de varias fundaciones benéficas vinculadas al Arzobispado de Madrid y que motivó incluso una investigación canónica ordenada por el papa Francisco. La causa se encuentra ya en fase de apertura de juicio oral y en ella se investigan presuntos delitos de administración desleal, corrupción entre particulares y falsedad documental, sin que exista por el momento una sentencia firme.

Una investigación de la Policía Judicial concluyó que Fernández Clemente y sociedades de su entorno familiar habrían recibido pagos procedentes del despacho Chávarri Abogados a través de distintas mercantiles, entre ellas el propio Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente. En este despacho también desarrollan su actividad varios miembros de su familia, incluida Margarita Fernández García, presidenta de Ecología y Libertad.

Aunque ni Manuel Fernández Clemente ni Margarita Fernández firman personalmente las alegaciones presentadas por la fundación, un abogado del Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente es quien comparece en nombre de la asociación para interponer recursos de reposición contra autorizaciones ambientales ya concedidas a proyectos renovables, uno de los últimos trámites antes de poder iniciar la construcción de las instalaciones.

Traslado de la preocupación al Ministerio

Las empresas consultadas consideran que los casos conocidos podrían representar únicamente una parte de un fenómeno mucho más amplio y aseguran haber trasladado su preocupación tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como a distintas comunidades autónomas.

No obstante, el departamento que dirige Sara Aagesen ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación oficial que permita acreditar la existencia de actuaciones susceptibles de constituir conductas tipificadas.

El episodio vuelve a abrir el debate sobre el difícil equilibrio entre el legítimo derecho de participación y recurso reconocido por la legislación ambiental y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de unas inversiones que resultan esenciales para la transición energética. Para el sector renovable, el aumento de este tipo de procedimientos se suma ya a otros factores que condicionan el desarrollo de los proyectos, como la disponibilidad de acceso a red, la tramitación ambiental o la obtención de financiación, configurando un escenario cada vez más complejo para cumplir los objetivos de descarbonización marcados por España y la Unión Europea.