La semana pasada se dio a conocer una circunstancia que no ha pasado desapercibida en el sector energético español, sobre todo, a los desarrolladores de renovables. Se trata de la suspensión por parte del Ayuntamiento de la licencia de obras de los proyectos de renovables en la localidad alicantina de Elche, que es a su vez el cuarto municipio más importante de toda la Comunidad Valenciana.
El revuelo fue importante porque ese movimiento se ha visto como un ataque al sector renovable. Tanto es así, que el consistorio ilicitano salió a la palestra para tratar de calmar las cosas. Aunque su efecto no ha sido el deseado.
"Ni somos los únicos, ni somos los primeros que hemos hecho esta suspensión. De todos los colores políticos, sin que haya trascendido de esta manera como lo ha hecho en Elche. No hemos inventado nada", dijo en rueda de prensa el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler.
Soler ha subrayado que “en ningún caso se está ni se pretende estar contra la instalación de plantas fotovoltaicas en Elche, al contrario lo que queremos es favorecer cualquier tipo de inversión en nuestro municipio. Eso, si, cumpliendo la ley y sin perjudicar a nadie. Hay que preservar los derechos de todos los afectados, y eso precisamente es lo que estamos haciendo con este procedimiento de suspensión por un año”.
Demandas a la vista
Por su parte, Pedro Fresco, director general de AVAESEN, la asociación de renovables de la Comunitat, y anterior director general de Transición Ecológica de la Generalitat, asegura que "existe una preocupación evidente por parte de las empresas ahora que se acerca el hito de la Autorización Administrativa de Construcción y presumiblemente se emitirán muchas AAC favorables. Cuando los promotores vayan a alguno de estos ayuntamientos no saben si les otorgaran la licencia de obras. Y si no lo hacen, muy probablemente acabarán demandando a los ayuntamientos".
Y es que las empresas desarrolladoras llevan algunos meses con esta retahila que se ha dado a conocer ahora. Pero es que según ha podido saber El Periódico de la Energía, al menos una treintena de municipios de todos los signos políticos (PSOE, PP, Compromís, Vox) han llevado a cabo la misma medida.
Municipios como Elche, Elda, Agost, Mutxamel, Gaianes, Alicante, Xixona, Castalla, Villar del Arzobispo, Chiva, Ibi, Casinos, Godelleta, Les Coves de Vinromà, Xilxes, Vall d’Uxó, Betxí, Onil, Relleu, Vall dÁlba, Benlloc, Fontanars dels Aforins, Vilafamés, El Real, Catadau, Turis, Anna, Carcaixent, Chella, Camporrobles, Les Useres y Buñol han suspendido la licencia de obras a todos los proyectos fotovoltaicos. En pocas o prácticamente ninguna está sucediendo lo que en la región valenciana.
Para que se hagan una idea, esto significa que están paralizados miles de megavatios que querían instalarse en estos municipios. Unos proyectos con su punto de acceso conseguido y su declaración de impacto ambiental y que sólo falta que le den la autorización para la construcción del proyecto en muchos casos.
Proyectos grandes y pequeños
Cabe recordar que sólo en la Comunitat Valenciana se han otorgado permisos para instalar más de 10.000 MW de capacidad renovable. Por ejemplo, entre los afectados están el proyecto Magda, de 150 MW en Coves de Vinromà y Benlloch, en Xixona hay una planta de 41 MW, otra de 23 MW y otras dos más pequeñas. Villar del Arzobispo tiene 7 plantas en tramitación, todas de menos de 50 MW.
Y el caso más llamativo es el de Vall d’Uxó que tiene paralizado el proyecto de Statkraft de Arada Solar de 166 MW.
"Se debe respetar que aquellos que pidieron y recibieron el informe de compatibilidad urbanístico favorable antes de comenzar la tramitación en la Generalitat o el Ministerio puedan recibir la licencia de obras. La modificación del planeamiento se puede hacer, pero debe aplicar solo a quienes no hayan solicitado ni recibido el ICU. Es lo mínimo exigible en aras de la seguridad jurídica", señala Fresco, quien vaticina una dura batalla legal si continúan los consistorios por este camino.
"Tenemos informes jurídicos que indican que este tipo de suspensiones de licencias no se ajustan a derecho y abren la via a denuncias y reclamaciones patrimoniales", afirma.
Inversiones milmillonarias
Son inversiones que pueden superar los mil millones de euros, que ya han sido maltratadas durante años con una tramitación administrativa lenta a más no poder y que ahora cuando se creen que van a poder comenzar a construir el proyecto, el ayuntamiento de turno se lo prohíbe.
Quienes toman estas decisiones de suspender las licencias de obras saben por qué lo hacen. Suspensiones de un año pueden acabar por enterrar muchos proyectos. Hablan de capacidades del suelo cuando en esos terrenos llevan años sin plantar nada, amén de que son decisiones privadas de los propietarios de los mismos.
Que un tercero decida qué tiene que hacer un propietario con su terreno no es muy democrático por muy loable que el objetivo sea.
El caso es que en la Comunitat Valenciana las renovables no tienen el favor de muchos justo en el momento de despegue de estas energías limpias en la región.
Jan
10/10/2023