Unidas Podemos ya no pone fecha para el cierre de nucleares y térmicas para tratar de acercarse al PSOE

Lo único que parece que le queda a Unidas Podemos con el PSOE es cerrar un programa de Gobierno, o se irá a elecciones. La formación que dirige Pablo Iglesias envió ayer al PSOE y a la opinión pública un documento con el objetivo de retomar las negociaciones para formar un gobierno de coalición.

Pero el PSOE rechazó las cuatro propuestas de Gobierno de coalición. En dos de ellas, UP pretendía hacerse con el Ministerio para la Transición Ecológica, una de las prioridades del Gobierno de Sánchez. Más de lo mismo, pero el PSOE no dio su brazo a torcer y se limitó a pedir a UP que hablen de programa.

El documento de 119 páginas dedica a la transición energética un capítulo y es bastante extenso. Y tiene alguna novedad. Entre ellas destaca que la formación morada ya no pone fecha de cierre de las centrales nucleares y térmicas. En anteriores ocasiones, UP exigía el cierre de las nucleares para 2024 (cuando cumplen los 40 años) y no dar ninguna prórroga y para las térmicas todas cerradas antes de 2025. Pues bien, ya esas fechas no existen y se limitan a decir que "lo antes posible" y sobre todo, que ahora se tendrá en cuenta la seguridad de suministro.

Anteriormente, en su programa decía lo siguiente: "Objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024. Se garantizará que se hayan creado previamente dos empleos por cada uno que se pierda, como ya se ha mencionado. Teniendo en cuenta la inacción de los anteriores Gobiernos, estamos hablando de objetivos ambiciosos, pero a los que no debemos renunciar si hacemos una apuesta fuerte por la instalación de potencia en renovables".

De todas formas, os dejamos todas las propuestas en materia energética para que podáis ver cómo UP trata de acercarse a las posturas socialistas. Este podría ser el inicio de una negociación de programa, que ya se verá si finalmente sale adelante para formar gobierno en septiembre.

1. Plantearemos al resto de fuerzas políticas el refuerzo del derecho al medio ambiente contemplado en el artículo 45 de la Constitución, incorporando la consideración de los «límites planetarios» como garantía de un progreso duradero y justo,y definiendo el acceso al agua potable y a la energía como servicios de interés general. Asimismo, llevaremos para su aprobación por el Congreso, una declaración de emergencia climática en nuestro país.

2. Se iniciará de inmediato la tramitación del proyecto de la Ley de Cambio climático y transición energética, así como la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima,la Estrategia de Transición Justa y la tramitación de la normativa necesaria para cumplir con la Estrategia de Pobreza Energética teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión Europea y promoviendo el máximo consenso social y político, en ningún caso reduciendo su ambición. Los objetivos principales de la Ley de Cambio climático y transición energética serán:

• Reducir la producción energética primaria basada en combustibles fósiles.
• Alcanzar entre el 85 y el 95 % de producción energética renovable en 2040.
• Un calendario de cierre de centrales de carbón y nucleares lo antes posible garantizando la seguridad de suministro, sin aumentar los precios de la electricidad para ciudadanos y empresas, y garantizando el empleo y la población en aquellos territorios donde se van a producir cierres. Para asegurar una transición justa se garantizará que, antes de que se pierda un empleo en estos sectores,se creen dos en al menos las mismas condiciones laborales en la propia comarca, a los que tendrán acceso prioritario las personas afectadas.
• Establecer la obligación de elaborar y tramitar como ley, cada cinco años, unos Presupuestos de Carbono desglosados por sectores para los cinco años siguientes,que ayuden a conseguir los objetivos globales de reducción de emisiones. Deberán incluirse mecanismos de participación ciudadana y coordinación territorial para la elaboración delos Presupuestos de Carbono.

3. Impulsaremos la elaboración y modificación de las normas legales para reformar el mercado eléctrico, de forma que se traslade al precio de la electricidad la reducción progresiva del coste de las energías renovables, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas.

Como ya acordaron entre el PSOE y Unidas Podemos en el pacto para los PGE de 2019, los siguientes serán algunos de los compromisos fundamentales sin óbice de lo que se especifica más adelante respecto de las energías renovables:

• Realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como «beneficios caídos del cielo») que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, las cuales fueron instaladas en un marco regulatorio anterior a la liberalización y han recuperado sobradamente sus costes de inversión.
• Revisar los pagos por capacidad, de manera que se limiten a medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad, excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia.

4. Modificar la factura eléctrica con el objetivo de: reducir el porcentaje que representa término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kWh sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.

5. Proteger y empoderar al consumidor y a la consumidora eléctrica. Eliminar la posibilidad de que sean accesibles los datos de consumo y otros de las personas consumidoras sin el previo consentimiento expreso y firmado de las mismas. Aclarar explícitamente las condiciones en las que pueda existir una salvedad a la prohibición de contratar el suministro de la luz o gas mediante la modalidad puerta a puerta, siendo en todo caso necesario una petición mediante conducto fehaciente por parte del titular a la compañía que realice la visita.

Son también esenciales para abordar una transición ecológica integral los siguientes planes de gran calado:

6. Un Plan Estatal para la Rehabilitación de Vivienda Sostenible (energética, ecológica y socialmente sostenible) con una duración de cuatro años y con una movilización de 400 millones cada año. El plan responderá a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en zonas menos pobladas y de colectivos vulnerables, a los cuales se destinará una cantidad que supondrá hasta el 20% del total. Con objeto de abordar el citado plan de rehabilitación de viviendas a gran escala, IDAE como Unidad de la Administración General del Estado especializada en eficiencia energética, será reforzado para llevar a cabo la gestión y ejecución de este plan, incrementar la captación de Recursos Comunitarios adicionales incluida la captura de recursos

financieros del Banco Europeo de Inversiones y otros fondos europeos e internacionales, así como, diseñar su distribución.

Este proceso de implantación y desarrollo del plan se llevará a cabo en cooperación con las entidades locales y regionales, y con la participación de las empresas del sector. Se dotará de continuidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el nuevo periodo 2021-2030. Este fondo estará dotado de al menos 200 millones de euros anuales que serán aportados por las empresas comercializadoras de la electricidad. Se analizará la posible extensión de la aplicabilidad de este fondo al autoconsumo doméstico como fuente de eficiencia del

sistema.

7. Una Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público. Adoptaremos un nuevo enfoque de la política de infraestructuras, para garantizar el derecho a la movilidad de forma segura, asequible, accesible y sostenible tanto en el ámbito urbano como en el rural. Consideramos las infraestructuras como herramienta al servicio de la ciudadanía — en particular para garantizar una mayor cohesión territorial— y no un fin en sí mismas, teniendo especialmente en cuenta el reto del cambio climático y las oportunidades del cambio

tecnológico. Elementos importantes de esta Ley serán los siguientes:

• Se obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de bajas emisiones.
• Asimismo, a partir del año 2040 no se permitirá la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales.
• Se establecerá una línea de inversión público privada de alto impacto para desarrollar nuevas tecnologías de baterías en España.
• Para el sector de la automoción, apoyaremos el desarrollo del acuerdo del Gobierno con el sector para facilitar su transformación y potenciación, de acuerdo con las nuevas exigencias de producción de vehículos cada vez menos contaminantes, de forma que dicha actividad pueda realizarse en nuestro país.
• Se pondrá en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, estable e ininterrumpido hasta el año 2030, evitando así que las ventas se concentren en momentos determinados o queden paralizadas hasta la aprobación de nuevas ayudas, como sucede actualmente. Las ayudas tendrán en cuenta la renta del comprador, siendo mayores para compradores con menor renta. Además, favorecerán la compra de vehículos ligeros y desfavorecerán la compra de vehículos de gran potencia.
• Se mejorarán la frecuencia y las rutas de los servicios de movilidad pública, como el autobús, el tranvía o el metro, y se implementarán medidas para ajustar el precio de los diferentes servicios al nivel de renta de las personas usuarias.

8. Un Plan de Energías Renovables que contemple el impulso a las mismas para alcanzar el objetivo marcado de una producción de un 85 % al 95 % para el año 2040. Sus principales elementos serán los siguientes:

• El Gobierno desarrollará procedimientos de concurrencia competitiva para impulsar la construcción de al menos 4.000 MW de instalaciones renovables cada año. Dicha capacidad instalada podrá ser revisada reglamentariamente en función de la evolución de la descarbonización del sistema energético español.
• La repotenciación de las plantas renovables existentes. En este proceso de transición, es preciso recuperar el atractivo de invertir en renovables: el abaratamiento de costes de estas tecnologías, el cumplimiento de nuestros objetivos internacionales, la seguridad de suministro y el impacto positivo que ejercen en el precio hace imprescindible enviar las señales adecuadas.
• Modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.
• Introducir modificaciones en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 para dotar de estabilidad al marco retributivo dela actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y para garantizar una rentabilidad razonable a largo plazo a los activos que gozaban de régimen económico primado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y que no pudieron adaptar sus esquemas de inversión a un marco que no conocían.
• Fomento del autoconsumo eléctrico. Establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad. Además, deberán establecerse mecanismos simplificados de compensación de la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el «hachazo a las renovables».
• Recuperación de la gestión de las centrales hidroeléctricas por parte de las Administraciones Públicas a medida que las concesiones en vigor vayan caducando. Al vencimiento de una concesión de explotación del dominio público hidráulico para la generación de energía eléctrica, el organismo competente asumirá directamente la explotación de dicho dominio público. Solo excepcionalmente, en casos debidamente justificados, se podrá otorgar una nueva concesión mediante un mecanismo de concurrenciacompetitiva y con una duración fuertemente limitada.

9. Un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, para abordar los crecientes impactos sobre la salud de los cambios ambientales consecuencia de la crisis ecológica. Este Plan debe hacer especial énfasis en la contaminación urbana, y sus efectos sobre la salud de la población, proponiendo medidas prevenidas. Asimismo abordar la eliminación progresiva de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas de especial daño para los trabajadores y el medio ambiente.

10. Se incorporarán criterios ambientales en la fiscalidad, en las compras públicas y en la emisión de bonos verdes a emitir por el Tesoro o por el ICO, vinculando deuda pública a financiación de proyectos de bajas emisiones. Promoveremos una fiscalidad medioambiental que nos coloque a la altura de la media de la OCDE, reflejando adecuadamente externalidades, facilitando las decisiones de inversión y gasto coherentes con lo que necesitamos y liberando recursos para acompañar políticas de solidaridad, descarbonización, protección de la

salud e innovación.

11. Creación de una empresa pública eléctrica. Con un mercado eléctrico dominado por un oligopolio privado no es creíble que podamos acometer los objetivos planteados en el horizonte verde. Para eso es necesario configurar un nuevo marco institucional y productivo bajo control democrático. Esta empresa se encargará de acordar con los Ayuntamientos medidas concretas para potenciar las comercializadoras municipales.

12. Medidas en el ámbito de las Administraciones Públicas. Con carácter general los contratos de obra, las concesiones de obra y los suministros en el sector público recogerán criterios medioambientales. También tendrán que incorporar este tipo de criterios las convocatorias de subvenciones. Estos criterios ambientales tomarán en cuenta el impacto de cada producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida. Se impulsará la desinversión Estatal en Combustibles Fósiles.