El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una iniciativa en el Congreso instando al Gobierno a no conceder nuevas licencias de explotación a los reactores nucleares operativos en España conforme vayan expirando las que están en vigor, todo ello con el objetivo de cerrar progresivamente todas las centrales nucleares del país en un plazo de seis años.
Así, la central de Almaraz (Cáceres) cerraría en 2020, la de Vandellós (Tarragona) en 2020, la Asco (Tarragona) en 2021, la de Cofrentes (Valencia) en 2021, y la de Trillo (Guadalajara) en 2024.
Para la formación, el cierre progresivo de estas plantas debe ser abordado "cuanto antes" y "de forma responsable". A su juicio, este proceso debe ser definitivo y permanente y debe atender a criterios de seguridad de los trabajadores y de la ciudadanía de las comarcas adyacentes, así como de seguridad jurídica.
"Cada vez es mayor el consenso social y político sobre que España debe transitar de forma urgente hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, en el ahorro y en la eficiencia energética", apunta el grupo confederal, quien aboga por una alternativa "que elimine cualquier riesgo para la seguridad contra el medio ambiente y las personas".
Por ello, en el texto registrado, recogido por Europa Press, Unidos Podemos también llama a actualizar el Plan General de Residuos Radioactivos para "garantizar que la dotación del mismo garantice la viabilidad de asumir los costes del tratamiento de residuos radiactivos y acomodar los planes de gestión al cierre escalonado de las centrales nucleares y a la no disponibilidad del Almacén Temporal Centralizado (ATC)".
TERRENOS REUTILIZABLES SIN PELIGRO
Para la formación que lidera Pablo Iglesias, al final del desmantelamiento de estas plantas, sus instalaciones deben ser descontaminadas de sustancias radioactivas y cerradas de forma que el emplazamiento original "pueda reconvertirse a otros usos, sin peligro alguno para la salud y el medio ambiente".
La iniciativa que firman Juan López de Uralde (Equo) y Josep Vendrell (En Comú) reclama además que ENRESA siga siendo la responsable de llevar a cabo, tanto la gestión de los residuos radiactivos, como el desmantelamiento y clausura de las centrales e instalaciones del ciclo de combustible. "Con esto se consigue el fin de que se mantenga la experiencia acumulada en los desmantelamientos realizados hasta la fecha en España, primando la seguridad y el interés públicos sobre intereses empresariales", apunta el texto.
Finalmente, la proposición quiere que se modifique la ley española para "establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento de las centrales y planificar la transición económica para los territorios y las personas afectadas por este cierre que, además, "garantice el número de empleos ligados a la actividad de las centrales".
Dabama
13/03/2018