Uno de cada cuatro puntos de carga pública no funciona

La electrificación está generando poso en la conciencia de los conductores españoles aunque no al ritmo esperado. Si bien en este 2023 se van a superar con un mes de antelación las 100.000 matriculaciones (entre phev y BEV) que se lograron en todo el 2022, en lo que respecta a la penetración de los coches 100% eléctricos, los números se encuentran todavía lejos de lo previsto. Así lo refleja una cuota de mercado que, hoy por hoy, supera por poco el 5% del total, muy lejos de países vecinos como Francia o Portugal donde los modelos cero emisiones se triplican y, ya no digamos, en comparación con Alemania, que tiene cerca de un 26%, o Noruega con casi un 80% de las ventas de este tipo de coches.

Si bien en estos últimos años los principales impedimentos para su adquisición se han ido salvando, entre los que están sobre todo la autonomía o el precio, la realidad es que muchos usuarios no adquirieren un coche eléctrico por el temor a no poder cargarlos. Y es que España, al igual que ocurre con las matriculaciones, se sitúa a la cola de la Unión Europea en número de puntos de carga público, incluso pese a que en el último año los cargadores rápidos ya superen las 2.000 unidades.

Habría más de 34.000

La intención por parte de los organismos públicos así como de las entidades privadas es evidente pero en este sentido llegamos a uno de los puntos más críticos y que se desprende del último Barómetro de la Electromovilidad realizado por Anfac en el que actualmente hay un total de 8.869 puntos de recarga no operativos en España durante los últimos tres meses (julio-agosto-septiembre). Más allá de mejorar la situación, los puntos fuera de servicio continúan creciendo a tasas muy altas**, representando el 26% del total la infraestructura** de recarga de acceso público instalada en España. Si estos puntos estuviesen operativos, en España habría 34.049 puntos de recarga de acceso público.

Pese a todo, el aumento registrado en este periodo es insuficiente para alcanzar el objetivo marcado de 45.000 puntos de recarga de acceso público, necesarios para dar cobertura y necesarios para cumplir con el Fit for 55 en 2023 y los 300.000 en 2030. Cabe recordar que el nuevo Reglamento para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos obligará a los Estados a desplegar de manera vinculante una infraestructura mínima en cantidad, calidad y capilaridad, con un primer hito de control en 2025.

A vueltas con la potencia

Este no es el único problema, pues de los 25.180 puntos que hay repartidos por toda España tan solo el 26% de la infraestructura corresponde a carga con potencia superior a 22 kW. De hecho, el 74% de los mismos son de baja potencia, lo cual implica un tiempo de recarga mínimo de 3 horas. En cuanto al número de puntos de recarga superiores a 150 kW, en el tercer trimestre han abierto 63 nuevos, siendo un crecimiento similar al del trimestre anterior, con una tasa de crecimiento inferior al 3%.

El despliegue de puntos de recarga de al menos 150 kW es fundamental para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia por carretera, permitiendo tiempos de carga de entre 15 y 27 minutos. Los puntos de recarga de más de 250 kW han aumentado en 52 unidades en el tercer trimestre de 2023, mejorando el dato del trimestre anterior, que fue de 7 puntos nuevos. Aproximadamente el 85% de los puntos de recarga de acceso público de alta potencia responde a proyectos de fabricantes de automóviles. Las dificultades administrativas asociadas al desarrollo de estos proyectos son una de las barreras más importantes en la actualidad, aspecto que tiene paralizados muchos proyectos.