Ningún comentario Cada aniversario de la catástrofe en la central nuclear de Chernobyl nos obliga a mirar de frente una cicatriz que la historia no logra cerrar. Sin embargo, la conmemoración de los 40 años del desastre adquiere este año un tinte de urgencia extrema. La participación activa de las centrales nucleares en guerras como la de Ucrania o Irán convierten estos conflictos en guerras nucleares de facto, aunque ningún contendiente haya lanzado un arma nuclear. La posibilidad de que se produzca de nuevo un accidente en la central ucraniana pone de relieve una incómoda realidad: las instalaciones nucleares civiles son un actor de primer nivel en cualquier escenario de guerra. Su mera presencia aumenta enormemente el potencial daño a la población civil y son moneda de cambio entre los contendientes del conflicto.
El 14 de febrero de 2025, el nuevo sarcófago exterior de Chernobyl, conocido también como New Safe Confinement (NSC) en inglés, fue dañado tras el impacto de un dron ruso. Su caso representa uno de los ejemplos más flagrantes de cómo la guerra sitúa a las centrales nucleares en primera línea del frente. Según un informe reciente de Greenpeace, los daños de aquel ataque sobre el techo del NSC han aumentado el riesgo de escape de partículas radiactivas. El estudio también revela cómo el impacto ocasionó un incendio en el aislante térmico que ha generado daños relevantes en parte de la estructura, aumentando la corrosión y el peligro de desplome sobre el antiguo sarcófago que encierra el reactor dañado.
El ataque amenaza con reabrir esta vieja herida radiactiva, encerrada ahora bajo capas de acero y hormigón. Aunque el coste de las reparaciones puede llegar a los 412 millones de euros, no estamos hablando de un problema de fondos, sino de una cuestión práctica, pues la guerra activa alrededor de la central imposibilita la delicadísima tarea de reparación. Por si fuera poco, la guerra ha paralizado las mejoras urgentes que requiere el ya de por sí inestable sarcófago interior, que data de 1986 y cuya vida útil ya hace años que llegó a su fin.
Otros casos
La central nuclear de Zaporiyia es otro trofeo radiactivo de guerra que se disputan actualmente Rusia y Ucrania. Se trata de la mayor instalación nuclear de Europa y la novena del mundo y, desde el inicio del conflicto, ha sufrido ataques debido a su proximidad a la línea de frente. Actualmente está ocupada por fuerzas rusas y, aunque no genera energía eléctrica, requiere refrigeración continua. Desde Greenpeace, hemos monitorizado la situación de la planta y detectado violaciones flagrantes a protocolos de seguridad y protección nuclear.
A ello se suma el deterioro de las condiciones de refrigeración de la central. Por un lado, la destrucción de la presa de Nova Kajovka en 2023 afecta gravemente a la disponibilidad de agua para el enfriado de los reactores y, por otro, los reiterados apagones obligan a operar la refrigeración con generadores de emergencia. En este contexto, Rosatom, la empresa nuclear estatal rusa que controla la operación de la planta, ha anunciado su intención de ponerla en marcha. Desde Greenpeace denunciamos el enorme riesgo que esto supone y pedimos sanciones para Rosatom.
Las lecciones de Chernóbil deberían servirnos en cualquier lugar del mundo. Si fijamos la vista en Irán, la central de Busher también está sufriendo los impactos de la guerra. Se trata de la única central nuclear civil operativa en el país persa y, junto a la planta de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, son las únicas activas en el Golfo Pérsico. Situada en plena zona de conflicto con Israel y Estados Unidos, un error de cálculo o un ataque deliberado a su infraestructura podría desencadenar una crisis de alcance regional.
Las reiteradas amenazas por parte de Trump de atacar infraestructuras eléctricas iraníes no hacen sino incrementar la incertidumbre y podrían provocar apagones prolongados de hacerse realidad. En ese escenario, la central de Busher, como el caso Zaporiyia, dependería exclusivamente de sus generadores diésel de emergencia para mantener la refrigeración del reactor. Esto supondría una situación de alto riesgo, ya que se incrementaría la probabilidad de sobrecalentamiento y de un accidente grave, similar al de Fukushima.
En un contexto de conflicto, la historia nos demuestra que los reactores nucleares suponen un grave peligro. Con independencia de que estén operativos (Bushehr), apagados (Zaporiyia), o en desmantelamiento (Chernobil), generan una vulnerabilidad estratégica de gran magnitud: se convierten en un “arma radiológica sucia” que otorga a quien la tiene en su poder una aterradora capacidad de chantaje.
La larga sombra de los accidentes nucleares
Además de su uso en contextos bélicos, otra lección que nos deja Chernobyl es lo larga que puede ser la sombra de cualquier accidente nuclear. Próximamente, Greenpeace hará públicos los resultados de sus recientes misiones en la Zona de Exclusión alrededor de la planta. Los datos son alarmantes: el informe detalla que aún existen partículas radiactivas muy peligrosas en el fondo de su estanque de refrigeración. Lejos de mitigarse, las mediciones realizadas en Chernobyl señalan que la radiactividad sigue presente en suelos, árboles y rocas décadas después. Esto nos muestra que, una vez que el genio nuclear sale de la lámpara, no hay tecnología humana capaz de devolverlo a su sitio. Estas "zonas muertas" son un recordatorio perpetuo de que los residuos nucleares no son un problema resuelto, sino que suponen una hipoteca a largo plazo para la salud y el territorio que afecta a generaciones presentes y futuras.
Otro valioso aprendizaje de Chernobyl es la falta de responsabilidad de los dueños de las centrales cuando las cosas salen mal. La historia nos muestra que, cuando estalla una guerra o surge cualquier otra crisis, el operador desaparece. Cuando un reactor se convierte en un problema de seguridad nacional o causa una catástrofe ambiental, la responsabilidad y el coste astronómico se trasladan automáticamente a toda la sociedad. Ni las empresas ni sus seguros privados pueden cubrir la gestión de residuos milenarios o el desmantelamiento de una planta dañada por el fuego bélico. Es la ciudadanía la que paga, con sus impuestos y su salud, los riesgos que la industria privada rentabiliza mientras todo funciona, pero que abandona en cuanto surge la crisis. Si miramos a España, la Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares establece que los seguros de los dueños de las centrales tienen una responsabilidad limitada y es el Estado el que cubre los riesgos en caso de accidente nuclear grave.
Frente a la extrema vulnerabilidad de las plantas nucleares en contextos de guerras o catástrofes, es urgente apostar por el mejor escudo para vivir con resiliencia energética y en paz: las energías renovables descentralizadas. Un modelo basado en la energía eólica, solar y el almacenamiento distribuido es prácticamente invulnerable al chantaje militar. No se puede provocar una catástrofe continental atacando una planta solar. La soberanía energética limpia no solo nos protege del cambio climático, sino que elimina el riesgo de desastres nucleares y reduce las tensiones geopolíticas por el control tanto de los combustibles fósiles como del uranio. Las renovables son la única respuesta responsable para un planeta que ya no puede permitirse más hipotecas radiactivas.
Francisco del Pozo es responsable de la campaña de energía de Greenpeace.
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