El plazo que se dio a la empresa de soluciones tecnológicas Abengoa para cerrar la refinanciación de la compañía para que pueda sortear la falta de liquidez que está sufriendo y que compromete su viabilidad cumple este lunes.
El consejo de administración de Abengoa amplió el plazo, que inicialmente finalizaba el 14 de julio, para poder contar con un mayor grado de certidumbre de éxito o fracaso.
Abengoa tuvo que revisar las previsiones de negocio del plan de viabilidad que publicó en 2019 y presentó un nuevo plan de negocio actualizado, tras lo cual encargó a un experto independiente la determinación del valor razonable de la participación que Abengoa ostenta en su participada Abengoa Abenewco 2.
Como resultado de la valoración, al cierre del ejercicio 2019, el patrimonio neto de la sociedad individual Abengoa fue negativo por importe de 388 millones de euros (lo que la colocaba en causa de disolución), debido al gasto por deterioro que registró en la cuenta de resultados del ejercicio de 2019 sobre su participación en Abengoa Abenewco 2.
Para reequilibrar el patrimonio y asegurar el cumplimiento del plan de negocio actualizado, el consejo acordó suscribir una nueva línea de liquidez por importe de 250 millones de euros y un plazo de cinco años, con garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
También acordó solicitar avales 'revolving' (para disponer de nuevo crédito a medida que se devuelve) por un importe de 300 millones, a fin de cubrir las necesidades del negocio hasta finales de 2021.
Asimismo, propuso intentar cerrar un acuerdo con proveedores y otros acreedores con deuda vencida para desconsolidar esa deuda del perímetro de Abengoa Abenewco 1, otorgándoles a cambio un derecho preferente al cobro contra la realización de determinados activos.
El consejo de administración de Abengoa acordó también buscar la modificación de determinadas condiciones de la deuda con los acreedores financieros de los instrumentos New Money II, Reinstated Debt, el bono convertible A3T y la deuda Old Money, que podrían implicar quitas y capitalizaciones de deuda.
Para poder acometer estas medidas, Abengoa necesita llegar a un acuerdo con sus acreedores financieros.
Abengoa explicó el pasado 14 de julio, cuando cumplió el anterior plazo que se había dado para cerrar la refinanciación, que la ausencia de liquidez y avales estaba afectando de forma severa al negocio de la compañía y haciendo muy difícil su viabilidad.
Ese día el consejo de administración analizó los avances en las negociaciones con los acreedores para conseguir los 250 millones con la garantía del ICO y contar con líneas de avales de hasta 300 millones de euros.
La compañía comunicó también que estaba tratando de alcanzar acuerdos con proveedores y acreedores comerciales y para modificar ciertas condiciones de la deuda con los acreedores financieros.
Abengoa mantiene desde hace meses conversaciones con sus principales bancos acreedores (Santander, Calyon y Bankia), que desde un primer momento se han mostrado dispuestos a seguir apoyando a la multinacional.
Sin embargo, como se trataba de grandes cantidades, se llegó a la conclusión desde hace más de un mes que la operación sería más fácil si la empresa obtuviese el apoyo de otros bancos y también del resto de acreedores, entre ellos el propio Estado, a través del ICO, según fuentes consultadas por Efe.
Abengoa contaba a cierre de 2019 con más de 14.000 empleados en todo el mundo y su deuda financiera ascendía a 5.948 millones, después de incrementarse un 5 % en 2019.
La compañía arrastra problemas desde 2015, cuando estuvo a punto de protagonizar la mayor quiebra de España, que evitó tras renegociar su deuda, próxima entonces a los 9.000 millones y que ha refinanciado varias veces y conseguido reducir con la venta de activos.
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