Abengoa ha presentado en los Juzgados de lo Mercantil de Sevilla la solicitud de homologación del contrato de reestructuración, una vez que consiguió el pasado martes el respaldo de sus acreedores a su plan de salvamento, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El plan de reestructuración financiera diseñado por Abengoa y los principales acreedores recibió el apoyo del 86% de los acreedores financieros a los que se dirigía, superando con ello el objetivo del 75%.
El grupo indicó que, de conformidad con las previsiones del contrato de reestructuración, aquellos acreedores que aún no se hubieran adherido al contrato podrán hacerlo durante el periodo de adhesiones adicional.
Con el visto bueno del juzgado, la compañía de ingeniería y energías renovables esquivará el que habría sido el mayor concurso de acreedores hasta la fecha en España.
PROCESO INICIADO HACE CASI UN AÑO
Al contar con el apoyo suficiente de los acreedores, el plan de reestructuración permitirá a la empresa disponer de una ruta para su futura viabilidad y cerrará el proceso iniciado hace casi un año, en noviembre de 2015, cuando solicitó el preconcurso acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros.
En abril, la empresa ya logró una prórroga en las negociaciones de siete meses por parte del juzgado de lo mercantil número dos de Sevilla, lo que le permitió ganar tiempo en sus esfuerzos por evitar el concurso.
Los términos de la reestructuración consisten en aplicar a los acreedores una quita del 97% en el valor nominal, manteniéndose el 3% con su vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.
No obstante, los acreedores pueden optar por la alternativa de capitalizar el 70% del nominal del total de la deuda existente a cambio del 40% del accionariado de la nueva Abengoa, de manera que el 30% restante de la deuda se convertirá en un bono o préstamo que tendrá la consideración de senior o júnior en función de si la entidad participa o no en los tramos de dinero nuevo.
Los actuales accionistas verán diluida su participación hasta el 5%, mientras que los inversores que inyecten dinero nuevo se quedarán con el 55% del capital.
Para conseguir el objetivo de esquivar de manera definitiva el concurso de acreedores, la compañía necesita en el periodo de adhesión el visto bueno de los tenedores de al menos un 75% de la deuda.
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