Abengoa y sus principales acreedores afrontan una semana clave tras desbloquear los principales escollos de la negociación -alrededor del expresidente Felipe Benjumea- buscando un acuerdo que se precisa inminente para poder cumplir con los plazos que eviten el concurso de acreedores.
Con el 28 de marzo como fecha límite y tras bastantes días en los que las negociaciones parecían estancadas, se ha despejado algo más el camino para esa "solución global" que dé futuro a la ingeniería andaluza.
El escollo, según señalan fuentes conocedoras de la negociación, estaba en la participación que Inversión Corporativa, la sociedad de la familia Benjumea y otros socios fundadores, buscaba mantener tras el proceso de reestructuración y que, finalmente, podría diluirse hasta el 5% desde el 51 % actual.
Hasta ahora, Inversión Corporativa se negaba reducir su participación por debajo del 12%, algo inaceptable para los acreedores.
Junto a esto, la salida definitiva del expresidente Felipe Benjumea del grupo estaba bloqueando un proceso que el martes cambió de rumbo con la sustitución del presidente -Antonio Fornieles asumió el cargo hasta entonces ocupado por José Domínguez Abascal- y el fin del contrato de asesoramiento del propio Benjumea.
Tras esto, el plan de reestructuración de Abengoa debería estar terminado de forma "inminente" para poder llegar al 28 de marzo con un acuerdo definitivo que evite el concurso.
Una vez plasmado el acuerdo, deben ponerse las garantías y dar plazo para que se puedan sumar más acreedores, explican fuentes conocedoras de la situación.
"Si no hay avances muy significativos esta semana se complica muchísimo poder cumplir los plazos", subrayan.
El plan de reestructuración de Abengoa prevé la reducción a un tercio de la deuda mediante diversas opciones, entre ellas la capitalización de préstamos, que daría a los acreedores el control de la compañía.
Abengoa, que la semana pasada comunicó unas pérdidas de 1.213 millones en 2015, se acogió al preconcurso de acreedores el pasado mes de noviembre asfixiada por graves problemas de liquidez con una deuda bruta de 9.395 millones de euros y pagos pendientes a proveedores por 4.379 millones.
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