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El escándalo del almacén Castor parece no tener fin. Este lunes el juez de Vinaròs ha imputado a 18 personas relacionadas con la aprobación y la gestión del proyecto. Desde todo el consejo de administración de Escal UGS, propietaria del almacén hasta el año pasado cuando renunció al mismo, a dirigentes del Ministerio de Medio Ambiente y responsables de la declaración de impacto ambiental y a los que firmaron el informe del Instituto Geológico. La Fiscalía les imputa un delito de prevaricación medioambiental. Pero el escándalo llegó cuando el Gobierno indemnizó a la empresa con 1.350 millones.
El pasado 18 de enero, la televisión catalana TV3 emitió un reportaje en el programa 30 Minuts sobre cómo fue el proceso de adjudicación, la gestión del proyecto y el fatal desenlace para los consumidores que tendrán que pagar los 1.350 millones de indemnización.
En dicho reportaje, el presidente de Escal UGS, filial de ACS, y empresa encargada de gestionar Castor, Recaredo del Potro, asegura que la compañía ha perdido dinero con el almacén Castor. "En las cuentas de Escal la pérdida andará por los 90 ó 100 millones de euros", asegura. Del Potro explica que buena parte de esa cantidad se debe a que la indemnización no llegaba para hacer frente a los bonos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). "Ese dinero no era suficiente y Escal tuvo que pagar de su bolsillo unos 60 millones más para pagar a los bonistas".
Estas cuentas, que a primera vista no ofrecen duda, sí lo hacen cuando el propio presidente de Escal UGS, explica unos minutos antes los presupuestos inicial y final del proyecto. "El presupuesto que hicimos en 2007 era de 1.163 millones de euros y el coste final fue solo un 8% superior", explica Del Potro.
Haciendo cuentas, el coste final del proyecto fue de 1.256 millones de euros, casi 100 millones de euros menos que la indemnización percibida por el Gobierno. Lo que no se entiende muy bien es por qué el Ministerio de Industria valoró en 1.350 millones el coste del proyecto cuando para la empresa fueron 1.256 millones.
Desde luego estas cuentas tampoco cuadran con los datos de Del Potro. La empresa percibe 1.350 millones de indemnización por un proyecto de 1.256, financiado con bonos por valor de 1.400 millones y aun pierde 100 millones de euros.
Balones fuera
Durante el reportaje, no solo participa Del Potro sino que también dan su punto de vista el exministro de Industria, Miguel Sebastián, el presidente de la Generalitat por aquel entonces, José Montilla, y otros expertos sobre el caso. El caso es que tanto Del Potro como Sebastián tiran balones fuera a la hora de tomar responsabilidades sobre el fracasado proyecto.
Mientras Sebastián acusa a la empresa de no haber elegido bien la ubicación de Castor, Del Potro asegura que "nosotros estamos en la zona de menor sismicidad de la costa (mediterránea) entre Francia y Portugal".
Del Potro afirma también que no tenían la obligación de realizar un informe adicional. "Según la norma española no es obligatorio". Lo que sí valoraron fue la falla. "El riesgo de sismicidad es movilizar la falla existente, y eso por supuesto que lo estudiamos, y la falla era de riesgo". Eso sí, respecto a la rotura de tres fallas, el dirigente explica que se trata de una coincidencia y que no tuvieron ningún fallo a la hora de inyectar el gas por lo que no tienen responsabilidad alguna. "Que se rompan tres fallas pasa, es una coincidencia".
Por si fuera poco, Escal UGS señala al Instituto Geológico como culpable. "¿Alguien ha visto otros estudios del Instituto geológico sobre este tema? ¿Qué currículum (experiencia) tiene el Instituto? No digo más", afirma Del Potro.
Aun con todo ello, y la Fiscalía acusando a la empresa de prevaricación al no realizar un estudio adicional sobre riesgos sísmicos, Escal UGS tiene "la confianza abosluta en lo que hemos hecho porque lo hemos contrastado con instituciones mundiales de primera fila".
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