Adiós, estado de alarma; hola, subastas de renovables: el Gobierno aprueba este martes un paquete de medidas para controlar el 'boom verde' en España

Lo prometido es deuda. El Gobierno anunció que hasta que no finalizara el estado de alarma no podría anunciar las grandes medidas que lleva esperando el sector de renovables en España. Y este martes se hará realidad. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico va a llevar al Consejo de Ministros de este martes para su aprobación un Real Decreto en el que incluye una serie de medidas para avanzar en la transición energética en la que está embarcada España y que adelantó este fin de semana El Periódico de Catalunya.

Aunque son varias, tres son las grandes medidas que va a adoptar el equipo de Teresa Ribera. Dos que van directamente relacionadas con las renovables y una con el sistema eléctrico español y el regresado déficit de tarifa.

En materia de renovables, el Gobierno va a aprobar el diseño de las nuevas subastas de renovables. El objetivo de la medida es poder dar una señal de precios al mercado, algo tan necesario para el sector. De esta forma, el Gobierno pretende retribuir a las nuevas renovables con un precio fijo otorgado en estas subastas por la electricidad generada en un largo plazo.

Para ello, el Miteco tendrá en cuenta distintos modelos en función de cada tecnología renovable (fotovoltaica, eólica), si se trata de proyectos híbridos ya sea con almacenamiento o mezcle ambas tecnologías, también tendrá en cuenta el tamaño de las instalaciones, su gestionabilidad o dónde se encuentre localizada. No es lo mismo dar un precio para solar en el País Vasco que en Castilla La Mancha.

El objetivo del Gobierno es lanzar una primera subasta este mismo 2020. Este nuevo diseño desbancaría al actual aprobado en la reforma energética del PP y tendría que modificar el texto de la actual Ley del Sector Eléctrico.

La opción más probable para ello es la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que parece que el Gobierno tiene suficientes apoyos en el hemiciclo a pesar del interés de Vox de retirar el texto de la Cámara Baja. Anteriormente estaba previsto que el Miteco subastara al menos 3.000 MW al año, pero esa cifra ya no es obligatoria según el nuevo texto de la Ley de Cambio Climático.

La cantidad de capacidad a subastar dependerá de las necesidades de España en sus objetivos de descarbonización, del ritmo de integración en el sistema o de las propias necesidades de la red eléctrica.

El Gobierno estima que las futuras subastas de renovables, basadas en un marco retributivo con el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía, podrían representar unos ahorros para los consumidores de 173 millones de euros anuales.

Así, suponiendo una entrada de 3.000 megavatios (MW) -cifra que en los borradores anteriores se establecía como volumen fijo anual pero que en el proyecto final ha sido omitida- de nueva potencia renovable acogida al nuevo régimen económico en el sistema eléctrico, se estima que con unas 2.500 horas anuales equivalentes de funcionamiento (lo que equivale a 7,5 teravatios hora/año de producción), por cada euro de diferencia por unidad de energía entre su precio resultado de la subasta y el precio del mercado, se produciría un coste/ingreso para el sistema eléctrico de 7,5 millones de euros anuales.

Así, teniendo en cuenta que el precio final registrado el año pasado en el mercado diario se situó en torno a 48 euros por megavatio hora (MWh) y suponiendo un resultado de la subasta similar a los registrados en países del entorno, próximo a 25 euros por MWh, la introducción de esos 3.000 MW ‘verdes’ de los procesos competitivos se traducirían en un ingreso para el sistema eléctrico de 173 millones de euros anuales.

Hitos para acabar con la especulación

La otra gran medida de este nuevo Real Decreto será tratar de poner fin a la especulación en los puntos de acceso y conexión. Al no haberse regulado a tiempo se ha producido un auténtico boom de peticiones de puntos de acceso para proyectos renovables. A día de hoy, con datos de abril, ya se han otorgado más de 115 GW de fotovoltaica y eólica, según los datos de REE. Y el operador del sistema se tiene que pronunciar aún por otros 42 GW cuando ya ha rechazado 102 GW por indisponibilidad de puntos de acceso en distintas regiones.

Estos 115 GW es más que duplicar la actual capacidad de todo el parque generador español que se sitúa en los 111 GW. Y sería prácticamente el doble de las renovables que espera el Gobierno instalar en la próxima década, según el PNIEC.

Qué sucede que muchos de estos puntos de acceso y conexión se están utilizando para especular con ellos y encarecer los proyectos de renovables. Existen empresas que se quedan con estos puntos de conexión y que luego los venden al mejor postor a unos precios desorbitados que han llegado a alcanzar los 150.000 euros por MW. Tal y como contó este diario, esta burbuja de precios por los puntos de acceso se desinfló con la llegada de la pandemia y se sitúan ahora mismo en una horquilla más sensata de 40.000-60.000 euros por MW.

Para poder pinchar esta burbuja, el Gobierno pretende que los proyectos cumplan una serie de hitos, algo que reclamaba el propio sector, para así descartar pronto esos proyectos especuladores y sacarlos del mercado cuanto antes. Pretende el Gobierno eliminar alguna barrera y que dichos proyectos cumplan los trámites administrativos en un determinado tiempo, en cuestión de meses, para que el que no cumpla alguno de ellos pierda todos sus derechos y por tanto se quede sin punto de acceso y pierda las garantías depositadas.

El problema viene cuando tienes ya concedidos 115 GW de renovables y no todos se pueden hacer en el poco tiempo y además ya tienen unos derechos concedidos. Fuentes jurídicas señalan a este diario que si no se hace bien podrían surgir problemas legales y abrirse una peligrosa espita y entrar de lleno en una batalla legal como ya sucedió con los recortes a la retribución con el PP.

Superávit para acabar con el déficit

Otra medida de calado de este Real Decreto es la de otorgar a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la potestad para utilizar el superávit del sistema eléctrico para contrarrestar el déficit de tarifa que se va a dar en los ejercicios de 2019 y 2020. Está previsto que en 2019 se reconozca de nuevo déficit en el sistema. En diciembre se conocerá la liquidación definitiva y podría darse la posibilidad de que finalmente hubiera un pequeño desajuste.

Pero el coronavirus sí ha trastocado las cuentas del sistema eléctrico en este 2020. Las medidas tomadas para afrontar la crisis con ajustes de potencia en cientos de miles de clientes y la fuerte caída de la demanda durante prácticamente tres meses ha dejado herido al sistema. Algunas voces del sector calculan que se podría alcanzar un déficit de unos 2.000 millones de euros.

Por ello, es necesario que el Gobierno utilice la hucha del sistema para tratar de reducir al mínimo este nuevo desajuste entre los ingresos y los gastos del sistema. A día de hoy, esta hucha, valorada en unos 1.500 millones de euros, no se ha utilizado para lo que estaba previsto, que era reducir partidas de costes. Se ha mantenido en una cuenta bancaria y ahora quiere el Gobierno poder utilizarla para arreglar este nuevo problema generado en el sistema eléctrico.

La actual normativa no permite al sistema eléctrico tener déficit de tarifa, un 2% como mucho, según establece la Ley del Sector Eléctrico. Algo pactado con Bruselas en la anterior crisis económica.