Política energética

Al Gobierno le molesta que otros partidos pidan el cierre de las centrales de carbón tal y como hace media Europa

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El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha dicho que determinados pronunciamientos políticos, que exigen el cierre de todas las centrales de carbón sin más consideraciones, generan una incertidumbre que no facilita la continuidad de las propias centrales.

Navia respondía en la Comisión de Energía al diputado del grupo Unidos-Podemos Jorge Luis Bail que le ha preguntado por la intención de Endesa de clausurar las centrales de Andorra y Comostilla, ubicada la primera en Teruel y la segunda en León, a fecha de 30 de junio de 2020.

Daniel Navia, que ha afirmado que actualmente no hay ninguna solicitud presentada por la empresa en el Ministerio para cerrar esas centrales, ha advertido contra pronunciamientos que se hacen exigiendo el cierre de las centrales de carbón, con independencia de la seguridad del suministro, la economía del país y el cumplimiento de los objetivos medioambientales, y que no ayudan a mantener abiertas instalaciones eficientes como las dos citadas.

Por eso ha pedido que, si se está de acuerdo con que los cierres de centrales de generación deben regularse, se eviten "declaraciones contrarias a una tecnología en particular sin consideraciones más profundas".

Ha asegurado que las centrales de Compostilla y Andorra están haciendo una contribución positiva a la generación eléctrica española en el actual contexto de sequía, de una ola de frío en Europa y con problemas de varias nucleares en Francia, al aportar estabilidad y contención de precios.

Navia ha insistido en la intención del Gobierno de aprobar un real decreto para el cierre de centrales, que amplía las causas por las que se puede denegar su clausura al propietario, pues "no es deseable" que esta cuestión "no tengan un regulación específica".

"La batalla prioritaria ahora mismo es que las centrales de carbón que sean competitivas y eficientes sigan operando", ha añadido el secretario de Estado, quien, respecto a la venta por parte de grandes compañías de sus redes de distribución, ha afirmado que, de producirse, no supondrán ningún cambio en las condiciones de operación y ha afirmado que el Gobierno asegurará que se cumpla la legislación vigente.

En cuanto a la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción contra Iberdrola por una supuesta manipulación de los precios eléctricos, ha afirmado que el Gobierno va a colaborar activamente en cualquier investigación que se abra por estas cuestiones.

Navia ha asegurado que el Gobierno aplicará el mayor grado de rigor existente y apoyará también la máxima exigencia en las sanciones y supervisión de conductas contra la competencia.

Ha recordado, además, que el real decreto del Ministerio sobre el cierre de centrales eléctricas establece medidas para evitar lo que ha denominado "cierres estratégicos", aquellos que intenten solicitar compañías con la intención de elevar los precios de la electricidad en el mercado mayorista.

Respecto a querella de la Fiscalía Anticorrupción por supuestas irregularidades y cobros de comisiones en la concesión de licencias para la instalación de parques eólicos en Castilla y León, entre los que figuran ex altos cargos del Gobierno de esa comunidad autónoma, Navia ha respondido que el Gobierno colaborará en las peticiones de información que se le hagan.

Ha indicado que este tipo de hechos procede de otras etapas en que la forma de adjudicar la construcción de parques eólicos era distinta y ha añadido que el actual sistema de subastas ha atraído el interés de los inversores, como prueba la adjudicación de 8.000 megavatios (MW) en las dos últimas que se han celebrado.

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