Ya lo hicieron en su momento con los combustibles sintéticos y ahora pretenden repetir la misma jugada con la normativa CAFE de emisiones estipulada para 2025. Hablamos de Alemania e Italia, dos regiones de gran peso (tanto gubernamental como económico) dentro del Viejo Continente, que habrían trasladado a Bruselas, junto con la República Checa, la necesidad de suavizar las futuras multas económicas derivadas de esos objetivos medioambientales impuestos.
El canciller alemán, Olaf Scholz, confirmó al finalizar la cumbre de líderes de la UE que no tenía sentido aumentar las dificultades de la industria y que las multas no deberían limitar la capacidad de las empresas para invertir en vehículos eléctricos, al tiempo que tampoco se debería de obligar a los usuarios a tener que comprar este tipo de coches por mucho que los fabricantes ofertaran cada vez más.
Va sumando adeptos
Por su parte, según recoge Reuters, los primeros ministros de Italia y la República Checa parece que también instaron el pasado 19 de diciembre a Úrsula von der Leyen para que elimine las multas. Igualmente, Francia se ha sumado a dicha oposición esta misma semana y en un documento del gobierno al que tuvo acceso la propia Reuters, aseguraba que París no quería debilitar los objetivos de CO2, pero apoyaba una solución para evitar sanciones a los fabricantes de automóviles el año que viene.
Y es que según las últimas estimaciones realizadas por el Grupo Volkswagen, uno de los más afectados y que lleva semanas sufriendo las consecuencias de su anuncio de cerrar tres factorías alemanas, los fabricantes europeos podrían enfrentarse a unos 15.000 millones de euros en multas por el incumplimiento de dichos objetivos.
Austria, Bulgaria, Rumania y Eslovaquia también han pedido a la UE que repiense sus políticas de reducción de CO2, mientras que en el otro lado de la balanza, solo unos pocos países, entre los que se encuentra Suecia, se han pronunciado a favor de mantener las sanciones.
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