El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto-Ley 2/2018, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las renovables en Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno en la sesión que tuvo lugar el pasado día 26 de junio.
Esta norma, que ha contado con el apoyo unánime de la Cámara, pretende actuar como "revulsivo" para el sector a corto y medio plazo, establece una serie de medidas para reducir los trámites pertinentes en la puesta en marcha de proyectos energéticos, y otras de fomento e impulso de las energías limpias.
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha defendido ante el Pleno el "compromiso" de Andalucía con la generación a través de fuentes renovables y con el ahorro y la eficiencia energética y ha recordado el "carácter pionero" de la comunidad autónoma tanto en el establecimiento de un marco regulatorio que contribuya a esta finalidad (fundamentalmente con la Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética de Andalucía) como en la adopción de medidas concretas para tal fin.
Esa apuesta también se ha traducido en la creación de puestos de trabajo. "Y bastan algunas cifras para constatarlo, pues hay más de 6.500 empresas vinculadas a este sector, de las que 1.800 desarrollan sus funciones en el ámbito de las renovables; y existe un empleo asociado de 110.000 personas, de las que 40.000 están ligadas a estas energías", ha dicho Carnero.
Con la norma convalidada, se eliminan algunos requisitos que, según Carnero, en caso de mantenerse, podrían "de un lado, duplicar algunas exigencias, y de otro, retrasar la gestión administrativa de nuevos proyectos", expuso. Por ese motivo, ha añadido, "se derogan los artículos 26, 27 y modificamos el 25 de la Ley de 2007, y también derogamos un decreto de desarrollo reglamentario de esta ley salvo en uno de sus artículos".
Estas derogaciones, que evitan una doble imposición de trámites, también permiten que el sector de la edificación y las empresas "ya no tengan que presentar por duplicado auditorías energéticas, la etiqueta o certificado de eficiencia energética, o los Planes de Gestión de la Energía", ha subrayado el consejero. Además, se avanza en la posibilidad de tramitar telemáticamente las instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia.
Por otra parte, y con el propósito de lograr que salgan adelante los proyectos de renovables que obtuvieron luz verde en el marco de las dos últimas subastas, se declaran inversiones de interés estratégico aquéllas que sean viables en términos económicos, sociales y ambientales.
De este modo se pretende avanzar en los objetivos recogidos por la Estrategia Andaluza de la Energía 2020, que para ese año fija en el 25 por ciento la aportación de las renovables al consumo final bruto, frente al 17,6 por ciento actual: "Continuamos así con la hoja de ruta marcada en esta Estrategia, y también en la Industrial, que apuesta explícitamente por la simplificación administrativa como valor para ganar en competitividad de nuestra economía en el mundo", ha apostillado el consejero.
PP-A: "Llega tarde"
En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A Jaime Raynaud ha criticado que en la parte expositiva del decreto se ponga de manifiesto una "falta de delicadeza" diciendo que "el anterior Gobierno de la Nación ha paralizado de manera notable" las inversiones en el sector de las energías renovables. Además, ha resaltado que cuando se habla de "escasez" de infraestructuras de transporte en zonas andaluzas con algo potencial de evacuación se olvida que eso aparece en el plan 2015-2020 que fue aprobado por todas las comunidades.
"Me parecen poco elegantes esas afirmaciones que se exponen en un decreto Ley que quiere salir adelante con el mayor consenso posible", ha aseverado antes de lamentar que la iniciativa "llega tarde" y es un "rectificación tardía" de un Gobierno "que ha sido crítico con lo que hacen los demás pero no ha sido capaz de reaccionar a una propuesta que había sido pedida por todo el sector", como es la simplificación administrativa.
Por su parte, el parlamentario de Podemos Jesús Romero ha solicitado que el decreto se tramite como proyecto de Ley porque de ese modo "hay más margen" para incorporar algunos detalles en beneficio del avance hacia la transición energética "como base fundamental de un nuevo modelo productivo" para Andalucía.
Se podría incidir, según ha dicho, en cuestiones como impulsar a las empresas para que realicen inversiones estratégicas en la comunidad o mejorar la transparencia para que el sector de las renovables deje de ser "opaco". "Hay margen para poder seguir adelante con un Proyecto de Ley en el que se mejora con más detalle la propuesta que viene traída hoy por este decreto Ley", ha resumido.
Del lado de Ciudadanos, Carlos Hernández ha saludado la propuesta de simplificar los trámites administrativos porque es algo "necesario y obligatorio" para reducir cargas a los pequeños y medianos empresarios. Sin embargo, ha criticado que la Junta haya "tardado diez años" en actuar derogando las partes que señala el decreto.
"Se ha tardado más de diez años, esa trayectoria deja patente la ineficacia del Gobieno andaluz que ha permitido todo ese tiempo que se ampliasen los trámites para una misma solicitud de gestión", ha apuntado, antes de avisar de que Andalucía está "lejos" de cumplir con el objetivo de que el 25 por ciento de su energía sea renovable. A su juicio, hay que acabar con el exceso de regulación que existe en Andalucía porque, de lo contrario, no podrá ser competitiva con una "administración tan lenta y burocrática".
Por parte de IULV-CA, el parlamentario de IU ha solicitado que la Cámara decidiera si el decreto podía ser tramitado como un proyecto de Ley, aunque ha expresado el apoyo de su grupo a la convalidación del decreto. No obstante, ha avisado de que si se siguen haciendo simplificaciones administrativas "llegará el día en el que no haya más simplificaciones que aplicar". Además, ha señalado que se han hecho numerosas simplificaciones en los últimos años "sin que hayan tenido mayor alcance".
Castro ha manifestado que el decreto podría haber "ahondado más" en la economía social y en las pequeñas y medianas empresas del sector de las renovables. También, ha afirmado que a pesar de que se eliminen trabas administrativas, el decreto "no provocará el cambio de modelo" ni de transición energética que, a su juicio, necesita Andalucía.
Por último, ha cerrado el debate el parlamentario del PSOE Francisco Javier Aragón ha subrayado que con el decreto que ha presentado el Gobierno andaluz se pone de manifiesto su voluntad de "hacer las cosas más sencillas y más fáciles" para "facilitar" al sector de las renovables la tramitación administrativa.
Con todo, ha defendido que la Junta pretende con la simplificación "mejorar la regulación" y hacerla más "sencilla" tanto para la administración como para las empresas del sector de las renovables. Así, ha destacado la importancia de este sector que cuenta con 18.000 empresas en Andalucia que ofrecen alrededor de 40.000 empleos. "Este decreto es necesario y seguiremos trabajando en esa estrategia para el año 2020", ha zanjado.
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