Así es cómo impactarán las nuevas tarifas eléctricas a los consumidores domésticos y pymes a partir del 1 de junio

El próximo 1 de junio entrarán en vigor nuevas tarifas eléctricas.  Por primera vez, las tarifas distinguirán entre lo que son “peajes” (que reflejan fundamentalmente el coste de las redes de transporte y distribución de electricidad) y “cargos” (es decir, costes no relacionados con el suministro de electricidad pero que se cargan en las facturas eléctricas).  Y, no menos destacable, por primera vez lo que pague cada consumidor no va a depender de decisiones del ministro de turno sobre cuánto cobrar por potencia y por energía, sino que será el resultado de una metodología objetiva y transparente.

Este cambio se produce por exigencia de la Comisión Europea, con el objetivo de reducir la injerencia política en la determinación de las facturas de los consumidores, favoreciendo a unos u otros con fines electorales o para conceder ayudas de Estado encubiertas.  Por ello, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico exige que los peajes sean fijados por el organismo regulador del sector energético (la CNMC, en el caso de España), dejando en manos del Ministerio únicamente la fijación de los cargos y, en ambos casos, de acuerdo con metodologías objetivas y transparentes.

En cumplimiento de esta obligación, la CNMC acaba de publicar los valores de los peajes mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico acaba de finalizar el periodo de información pública del proyecto de orden que fija los precios de los cargos. Ambos cambios empezarán a aplicar el próximo 1 de junio y, lógicamente, cabe preguntarse por el impacto que tendrán sobre las facturas de los consumidores.

En primer lugar, es importante recordar que el objetivo perseguido no es modificar el importe total recaudado (que viene determinado por las fórmulas de retribución aplicables a cada actividad), sino imputar los costes a quien los ocasiona (en el caso de los peajes) y distorsionar lo mínimo posible las decisiones de los consumidores (en el caso de los cargos).  Por ello, lógicamente, a nivel agregado la factura de los consumidores ni se incrementará ni se reducirá como resultado de estas modificaciones.

Esto no significa que las facturas de consumidores individuales no se vayan a ver afectadas. Puede suceder que distintos consumidores acogidos a una misma tarifa se vean afectados de forma distinta en la medida en que su estructura de consumo sea diferente.

Por ejemplo, en términos generales, los cambios en las tarifas suponen un incremento en el término de energía y una reducción en el término de potencia.  Esto significa que los consumidores que tienen un nivel de consumo (factor de carga) superior a la media, tenderán a experimentar un mayor incremento o una menor reducción en sus facturas.

Un análisis del impacto sobre los consumidores basado en consumidores “representativos” pero con un consumo inferior a la media tenderá a concluir que la reforma es beneficiosa para los consumidores, mientras que, si los consumidores “representativos” elegidos para el análisis tienen un consumo superior a la media, la conclusión tenderá a ser la contraria.

Para evitar que la elección de los consumidores “representativos” determine o sesgue las conclusiones, se deben considerar consumidores cuyos niveles de consumo de energía y de potencia se correspondan con la media en cada categoría tarifaria.

La tabla siguiente muestra un análisis del impacto de la modificación de los peajes y de los cargos sobre los consumidores conectados en baja tensión (es decir, hogares y pequeñas y medianas oficinas y comercios) considerando los datos reales de potencia contratada y consumo medios por categoría tarifaria de 2019 (los datos de 2020 son atípicos, a causa de la disrupción del consumo ocasionada por el Coronavirus).

Como se muestra en la tabla, los consumidores actualmente acogidos a las tarifas 2.0 y 2.1 (con diferentes opciones de discriminación horaria) pasarán a ser suministrados bajo la tarifa 2.0 TD (con la misma discriminación horaria para todos), mientras que los consumidores acogidos a la tarifa 3.0 pasarán a la tarifa 3.0 TD.

Todos los consumidores con potencia contratada inferior a 15 kW (actualmente suministrados bajo seis tarifas distintas) van a pasar a una única nueva tarifa (la 2.0TD), por lo que es lógico que unos consumidores (los que hasta ahora han pagado peajes más bajos) se vean perjudicados y otros (los acogidos a peajes más altos) se vean beneficiados.  No es posible poner a consumidores que actualmente pagan peajes distintos en un mismo peaje sin que ninguno se vea afectado.

De todas las categorías tarifarias de baja tensión, solamente los consumidores acogidos a los peajes con discriminación horaria 2.0 DHA y 2.0 DHS (un 26,8% de los consumidores de baja tensión) verán incrementarse su factura, entre un 4,9% y un 6,0%.  El resto de los consumidores (el 73,2% restante) experimentará reducciones que, en promedio, se situarán entre un -2,2% y un -13,6%.  Para el conjunto de los consumidores conectados a baja tensión el impacto será una reducción de -1,0%.

Estos análisis del impacto de los cambios en los peajes y cargos se han realizado considerando los actuales perfiles de consumo de cada categoría tarifaria.  Lógicamente, si los consumidores modifican sus patrones de consumo en respuesta a las nuevas señales de precios y las nuevas definiciones de periodos horarios sus facturas serán menores que las estimadas.

La ventaja de disponer de una metodología transparente de imputación de peajes y cargos es que permite evidenciar qué tarifas estaban hasta ahora artificialmente subvencionadas (las que, con la nueva estructura, afrontan una subida) y cuáles artificialmente perjudicadas (las que, con la nueva estructura, afrontan una bajada). En este sentido, la revisión tarifaria pone fin a una discriminación histórica de la que los consumidores de electricidad no eran conscientes.

Por ello, si bien los consumidores que se enfrentan a incrementos en sus facturas pueden sentirse perjudicados por las subidas, también podrían sentirse afortunados por haber estado pagando hasta ahora facturas más bajas que lo que les habría correspondido si todos estos años se hubiese aplicado una metodología transparente y objetiva del reparto de costes.

En cualquier caso, es sin duda positivo que, en adelante, los peajes y los cargos se imputen de acuerdo con metodologías transparentes y no discriminatorias.  Esto asegura que los consumidores vean señales de precio que reflejan los costes marginales de suministro, y que adaptarán sus decisiones para consumir cuando cueste menos suministrarles la electricidad.

Finalmente, no hay que olvidar que la lucha contra el cambio climático va a implicar la electrificación de la economía, ya que la electricidad es la única fuente de energía escalable que puede ser 100% renovable.  Sería un despropósito pretender electrificar la economía para luchar contra el cambio climático con unos peajes que no reflejan la realidad de la estructura de costes del suministro eléctrico y que no dan señales para un consumo eficiente de la electricidad.

Óscar Arnedillo es director gerente de NERA ECONOMIC CONSULTING y Jorge Sanz es director asociado de NERA ECONOMIC CONSULTING y presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética de 2018.