Diez años después de que entrara en vigor la Ley Corta II, que estableció el mecanismo de licitaciones de suministro eléctrico para abastecer a clientes regulados, entre ellos los residenciales, el Gobierno chileno va a impulsar un cambio radical en este sistema, el cual incluye que el Estado asuma el control de estos procesos y asuma la responsabilidad sobre su éxito.
El proyecto de ley que será enviado al Congreso en la segunda semana de agosto, contempla que en adelante la Comisión Nacional de Energía (CNE) y no las distribuidoras, como ha sido hasta ahora, elaborará las bases de las licitaciones eléctricas. Además, la autoridad responderá por el éxito o fracaso de las subastas. Andrés Romero, secretario ejecutivo de la CNE, explicó que esta modificación apunta a lograr los objetivos para los cuales se crearon las licitaciones: bajar los precios de la energía e impulsar la competencia en el segmento de generación.
Según cifras del Gobierno, los precios regulados se duplicaron, al pasar de 65 dólares por MWh en 2006 a 133 dólares en 2013. “La ciudadanía hace responsable al Gobierno del éxito o fracaso de los procesos, entonces el primer gran cambio de esta ley es que traslada la responsabilidad de la dirección del proceso de las distribuidoras a la CNE. Le quitamos el proceso a las distribuidoras eléctricas”, dijo Romero.
De esta forma, el rol de las empresas se limitará a temas administrativos, como convocatorias, recepción de ofertas, evaluación y adjudicación. Asimismo, en los contratos que éstas suscriban con generadoras se incluirá la posibilidad de revisar los precios de adjudicación. Hoy, estos contratos son a precio fijo por toda la duración del acuerdo, restándoles flexibilidad.
“Hoy las ofertas incorporan riesgos que se pueden dar o no, por eso introducimos una cláusula para que, en caso que las condiciones económicas del contrato varíen significativamente, se pueda producir un proceso de negociación donde eso se pueda traspasar a tarifa final”, dice Romero.
El proyecto de ley también recoge otras modificaciones, entre las que destacan que las licitaciones se definirán con al menos cinco años de antelación para lograr la entrada de nuevos actores en el mercado eléctrico; se introducirán mecanismos para realizar llamados de corto plazo con fines específicos, y se extenderá la duración máxima de los contratos a 20 años.
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