Berkeley Minera España, perteneciente al grupo australiano Berkeley, ha presentado un escrito de alegaciones complementarias al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el objetivo de "desmontar" el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que rechazó la autorización de la construcción de una mina de uranio en Retortillo (Salamanca).
Según ha denunciado este martes la compañía, el CSN solicitó información y aplicó criterios sin amparo normativo y que, además, se corresponden con otras etapas futuras del proceso de autorización de la instalación de Retortillo, "pero no con la autorización de construcción, que es sobre lo que debía informar el CSN".
Berkeley considera que este argumento es manifiesto a la vista de los expedientes facilitados por el propio Ministerio respecto a las plantas de La Haba (Badajoz) y Saelices (Salamanca), propiedad de la antigua Jen y de Enusa, que fueron sometidas a procesos de licencia similares al de la planta de Retortillo al ser instalaciones radiactivas de primera categoría.
Berkeley recuerda que en España han existido al menos cuatro plantas de explotación mineral a cielo abierto similares a la planta de Retortillo, entre las que se encuentran la fábrica de uranio de Andújar, en Jaén, que estuvo operativa entre 1959 y 1981, y la planta LoboG, en La Haba (Badajoz).
"El análisis de dichos expedientes realizado por Berkeley ha revelado el trato discriminatorio que ha sufrido por parte del CSN al evaluar su proyecto, que ha supuesto la exigencia de multitud de requisitos que, sin embargo, se han obviado en los procedimientos de autorización de instalaciones similares", denuncia.
En este sentido, Berkeley insiste que el informe negativo del CSN sobre la autorización de construcción de su proyecto en Retortillo se ha basado en información "que no se han requerido para otras instalaciones de la misma naturaleza en este momento procedimental".
"Uno de los ejemplos más claros tiene que ver con el estudio hidrogeológico que ha sido exigido a Berkeley para el otorgamiento de la autorización de construcción y que, sin embargo, para otras instalaciones no fue solicitado hasta 18 meses después del inicio de la construcción", alega.
Así, Berkeley denuncia que, en su caso, se habría adelantado la exigencia de determinados requisitos a etapas anteriores (solicitado información relativa a etapas futuras de explotación, desmantelamiento y cierre en la fase previa a la construcción) en lo que la compañía considera "una actuación arbitraria y discriminatoria que no se ajusta a la normativa de aplicación".
También en otros casos, añade, se han aplicado criterios "mucho más estrictos" al proyecto de Retortillo que a otros proyectos, "sin ningún tipo de respaldo legal, como los criterios sísmicos".
Además, expone la empresa, en otras instalaciones se ha otorgado la autorización de construcción incluyéndose condicionantes. "Sin embargo, en el caso de Berkeley, en el que podría haberse emitido un informe favorable condicionado, se ha optado, en clara vulneración del principio de igualdad, por directamente emitir un informe desfavorable", critica.
La compañía concluye que el CSN "ha actuado fuera de la legalidad, perjudicándola gravemente al haber tratado su proyecto de una manera injustificadamente distinta, más estricta y más exigente en comparación con otros proyectos de la misma naturaleza".
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