Bruselas da un ultimátum a Bélgica por el pleito contra España por el recorte a renovables

La Comisión Europea ha dado un ultimátum a Bélgica por el pleito que exige a España compensaciones por la retirada retroactiva en 2013 de las ayudas a las renovables, un extremo que la institución ya ha considerado ilegal en el pasado tras analizar casos similares, instando a España a no pagar.

El Ejecutivo comunitario abrió en diciembre un expediente por este motivo a Bélgica, país que remitió "varias explicaciones que no son suficientes" para resolver el conflicto, por lo que la institución ha optado por dar un paso más en el procedimiento de infracción, antes de elevarlo a la Justicia europea.

"En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión puede decidir elevar este caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)", advierte la Comisión Europea en un comunicado.

El caso es muy simular al que enfrentaba a España contra la firma luxemburguesa Antin y que ya fue evaluado por las autoridades comunitarias, cuando calificaron como "ilegal" que se exija dicha compensación y se instó a España a no realizar ningún pago en virtud de aquel laudo.

"El laudo arbitral a pagar por España en favor de Antin o de cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir el laudo o cualquier derecho en virtud del mismo es ayuda incompatible bajo las normas de ayudas de Estado de la UE", señaló entonces la Comisión Europea.

España y las renovables con Bélgica

Bruselas considera en estos casos que el arbitraje dentro de la propia UE para resolver disputas entre Estados e inversores viola reglas fundamentales de la UE sobre la jurisdicción última que tiene el Tribunal de Justicia y el principio de autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión.

En Bélgica, un tribunal autorizó en enero el embargo de 482,4 millones de euros a España debido al laudo arbitral dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que condena al Estado español a pagar 36,8 millones de euros por los recortes retroactivos a las energías renovables.

Esta decisión bloqueó el pago que iba a efectuar el organismo europeo de navegación aérea, Eurocontrol, al controlador aéreo español, Enaire, cuya sede y cuentas operativas se encuentran bajo jurisdicción belga.

De los 36,8 millones de euros que se reclaman a España, 29,3 millones corresponden al monto adeudado y 7,5 millones en concepto de intereses de deuda.

A juicio de la Comisión, Bélgica ha creado "un riesgo inminente para España" que le "forzaba" a pagar una compensación a pesar de las disposiciones del derecho comunitario que lo impiden, al tiempo que señala que Bélgica "debería haberse opuesto" a ejecutar este requerimiento amparándose en el principio de "cooperación leal" y en la jurisprudencia del TJUE.

Los inversores que han iniciado acciones legales contra España se basan en el mecanismo de resolución de disputas de la Carta Europea de la Energía, pero el TJUE ya sentenció en 2019 que estas disposiciones no se pueden aplicar a las disputas intracomunitarias y, por lo tanto, "carecen de base legal".

España notificó en 2024 su retirada del Tratado de la Carta de la Energía, aunque la cláusula de supervivencia mantiene la protección de inversiones previas y no afecta a los laudos ya dictados.