La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no aplicar correctamente todos los requisitos establecidos en la directiva sobre eficiencia energética, en concreto en relación con los contadores individuales de consumo en edificios de apartamentos.
Se trata del último paso de un procedimiento de infracción que el Ejecutivo comunitario abrió en octubre de 2017 con el envío de una carta de emplazamiento. Bruselas envió a las autoridades españolas un dictamen motivado en marzo de 2018 en el que advertía de la posibilidad de que el caso acabara en la Justicia europea si no se adoptaban las medidas necesarias.
La normativa europea exige la instalación de contadores individuales de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en todos los edificios de apartamentos y edificios polivalentes cuyos ocupantes reciban estos servicios de una instalación colectiva,como una caldera común,. Además, establece que este requisito es aplicable, siempre que sea técnicamente viable y rentable, a todos los edificios existentes.
La Comisión Europea ha denunciado a España porque la transposición de la directiva a la legislación nacional sólo impone este requisito a los edificios nuevos, es decir, aquellos construidos después de 2007.
Pero además, la directiva establece que deben utilizarse calorímetros instalados en cada radiador en aquellos edificios en los que los contadores de consumo. "Este requisito tampoco ha sido correctamente transpuesto por España", ha informado Bruselas en un comunicado, en el que ha recordado que las normas europeas debían incorporarse al marco legislativo nacional como muy tarde el 5 de junio de 2014.
Los requisitos de medición y facturación de la calefacción, la refrigeración y el agua caliente incluidos en la directiva sobre eficiencia energética de 2012 tienen el objetivo ofrecer a los consumidores incentivos para regular eficazmente su consumo de energía y la posibilidad de reducir su factura energética.
En general, esta normativa establece un conjunto de medidas vinculantes para ayudar al bloque comunitario a alcanzar su objetivo de eficiencia energética del 20% para 2030. La UE ha aprobado ya su meta para 2030, del 32,5%, aunque se trata de un porcentaje indicativo.
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