La Comisión Europea ha informado de que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitará que se le imponga una sanción económica por no haber trasladado aún a su legislación nacional las nuevas normas para fortalecer la seguridad de las infraestructuras críticas, a pesar de que los Estados miembro tenían de plazo hasta octubre de 2024 para hacerlo.
La normativa exige a los Estados miembro realizar evaluaciones de riesgo periódicas para identificar las entidades críticas y garantizar que éstas apliquen las medidas adecuadas para proteger la prestación ininterrumpida de los servicios esenciales, en sectores clave como el de la energía, el transporte, la salud, el agua, la banca y las infraestructuras digitales.
La directiva contempla todo tipo de amenazas a evaluar, incluidos los riesgos naturales y los de origen humano, como por ejemplo los ataques terroristas, las ciberamenazas, la infiltración delictiva y el sabotaje.
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