La Comisión Europea (CE) quiere que los Estados miembros le consulten sus contratos energéticos antes de firmarlos para evitar que incumplan la legislación europea y ocurra como con el proyecto de gasoducto South Stream, que finalmente fue cancelado por Rusia ante las dificultades para sacarlo adelante.
"Consulta obligatoria a la Comisión para asegurar una mejor evaluación previa de la compatibilidad de los acuerdos intergubernamentales con las reglas de mercado interno y los criterios de seguridad energética", es la receta que propondrá la CE el próximo día 25 de febrero cuando presente su estrategia para una unión energética, según el borrador al que tuvo acceso Efe.
Esta propuesta intenta resolver dilemas como el que ha planteado a la Unión Europea (UE) el gasoducto South Stream, el proyecto impulsado por el consorcio estatal ruso Gazprom para traer gas ruso a territorio comunitario sin pasar por Ucrania.
South Stream empezó a construirse en 2012, pero finalmente fue cancelado por Moscú el pasado diciembre, después de sufrir numerosas dificultades debido a que algunos de los contratos firmados entre la gasística rusa y sus socios en países comunitarios como Bulgaria no respetaban, según Bruselas, la legislación comunitaria.
Está por ver si los Estados miembros aceptan someterse al escrutinio de Bruselas en una cuestión que guardan con tanto celo y secretismo como sus contratos energéticos.
El vicepresidente de la CE para la Unión Energética, Maros Sefcovic, dijo a principios de mes, tras presentar la propuesta al colegio de comisarios, que había encontrado apoyo en sus colegas de los Veintiocho para seguir avanzando en materia de transparencia.
"Está claro que todos los acuerdos intergubernamentales tienen que cumplir con la legislación europea", recalcaron hoy fuentes comunitarias al ser preguntadas por las posibilidades que tiene la medida de salir adelante.
Además de impulsar la transparencia en los contratos, Bruselas se propone presentar una propuesta legislativa para lograr un mercado energético más integrado, reducir la intervención estatal en el mismo y evitar fenómenos como el déficit de tarifa que se ha producido en España.
"Algunas formas de intervención estatal han tenido un efecto dramático en los últimos años sobre el funcionamiento efectivo del mercado interno de la energía", reconoce la Comisión, que señala que el principal objetivo de su propuesta será acabar con la descoordinación existente entre políticas nacionales.
"El elemento más valioso de la estrategia de la unión energética para los próximos cinco años es que servirá como plataforma para dar coherencia a las múltiples políticas energéticas existentes", señalaron fuentes comunitarias.
Greenpeace critica la falta de concreción de un paquete de medidas que parece querer contentar a todos los países y actores del mercado y que, pese a defender el avance hacia una economía baja en emisiones de carbono, no renuncia a los combustibles fósiles, la energía nuclear o al "prohibitivo" gas natural licuado y aporta poco en materia por ejemplo de renovables o eficiencia energética.
En cambio, fuentes comunitarias destacan que el objetivo último de la estrategia es crear empleo y lograr un crecimiento sostenible a través de la descarbonización de la economía, por lo que, en su opinión, "no tendría sentido ignorar las fuentes energéticas existente".
La CE presentará también el próximo miércoles dos comunicaciones centradas en la hoja de ruta hasta la cumbre de la ONU sobre cambio climático de París y las vías para lograr el objetivo del 10 % de interconexiones eléctricas hasta 2020, con especial atención a la situación de países como España y Portugal, a los que se considera "islas energéticas".
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