El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Ejecutivo de Cantabria, Francisco Martín, buscará el apoyo del Gobierno central para presentar una propuesta concreta a la Comisión Europea que autorice a aplicar rebajas en la electricidad a las empresas electrointensivas de España.
El objetivo, según ha explicado, es que las empresas españolas sean competitivas como las del resto de Europa que sí tienen medidas de apoyo al consumo eléctrico.
Martín contactará a lo largo de esta semana con las ministras en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Industria, Reyes Maroto, para unificar una postura que también trasladará a Galicia, Asturias y País Vasco, otras comunidades autónomas que se ven especialmente afectadas.
En Cantabria hay cuatro empresas electrointensivas agrupadas en la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), con cuyo director general y representaciones de esas empresas Martín se entrevistó el pasado lunes.
Esas empresas, algunas de las cuales han presentado procesos de regulación de empleo, son Ferroatlántica, el Grupo Celsa (GSW), Bondalti Cantabria y Sidenor.
Martín se ha entrevistado durante la mañana en la sede de la representación española de la Unión Europea en Bruselas con los consejeros de Industria, Alberto Ruiz y Eva Alonso; con la consejera de Energía, María Jiménez, y con el consejero de Finanzas, Alejandro Blanco.
En estos encuentros se ha acordado que en coordinación con los ministerios competentes, se haga llegar a la Dirección General de Competencia la situación real de este tipo de empresas para que se replanteen el mecanismo de apoyo a las industrias grandes de toda España, entre las que están las de Cantabria.
Martín ha explicado la necesidad de armonizar las ayudas de un Estado o de una comunidad autónoma a las empresas.
España y las comunidades autónomas están tratando de que a través de los fondos FEDER se pueda ayudar a las empresas grandes, algo que está prohibido, pero que se permite a Alemania y a Francia que lo hagan con sus empresas electrointensivas con descuentos a la electricidad que España no puede aplicar, ha señalado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.
Según Martín, este objetivo de armonización en el que está trabajando el Ministerio de Transición y el de Industria "tiene que verse acelerado porque se produce una situación transitoria en la que sin haber aprobado un decreto de Electrointensividad, se ha reducido la capacidad de apoyar a las electrointensivas que puede generar, hasta que se apruebe este mecanismo de apoyo, efectos irreversibles".
Martín ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central apruebe el decreto de apoyo a este tipo de empresas y que la Dirección General de Competencia "sea consciente de que esa decisión unilateral de la UE está generando unos perjuicios que se están traduciendo en regulaciones de empleo en Cantabria y en todas las comunidades del Cantábrico".
El consumo de electricidad en las electrointensivas cántabras supone hasta el 50% de sus costes de producción y, al ser empresas que operan en mercados globales y compiten con otras europeas que gozan de precios eléctricos "considerablemente más bajos, las sitúa en clara desventaja y merma peligrosamente su competitividad".
Otra de las cuestiones que Martín ha planteado en Bruselas es la necesidad de que los fondos europeos que se destinan al cambio de modelo energético basado en el carbón no dejen fuera a la empresa Solvay.
Aunque el reglamento que va a regular estas ayudas está en fase de redacción, Martín ha querido adelantarse para que Cantabria no se quede fuera de esas ayudas.
"Hemos llegado en el momento adecuado porque se están redactando los criterios y tenemos buenas sensaciones, ya que nos han pedido que mandemos la información relativa a las características de la planta de Solvay para hacer traslado de ello a quienes están redactando el reglamento que regulará esas ayudas", ha señalado.
Así, se ha mostrado optimista, pero advirtiendo de que el fondo de compensación será escaso, porque de los 5.000 millones quizás lleguen a España 60, puesto que básicamente es un fondo que se diseña para Alemania y para Polonia.
Pero la buena noticia, según Martín, es que desde el Ministerio se está intentando que la Unión Europea permita a las comunidades autónomas aplicar ayudas a las grandes empresas que en la actualidad es imposible, con lo que junto con ese fondo de descarbonización, los fondos FEDER puedan destinarse a las empresas que lo necesitan.
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