Castilla y León recurrirá si las comunidades forales pueden bonificar en el impuesto sobre las energéticas

Los servicios jurídicos de Castilla y León estudian un posible recurso para el caso de que las comunidades de régimen foral tengan capacidad normativa específica que les permita algún tipo de bonificación o beneficio fiscal ante el anuncio del Gobierno de que el impuesto sobre las energéticas será permanente.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo ha explicado que en la reunión han analizado el impacto de que el impuesto sea permanente y "el hecho de que el Gobierno parece que ha anunciado que en las Comunidades autónomas de régimen Foral" se va a permitir su recaudación específica, que "no está permitida para las Comunidades autónomas de régimen común".

Pero también "que podrían tener capacidad normativa específica en este impuesto" que, según ha sostenido Fernández Carriedo, "supondría una ruptura del principio de igualdad, una nueva ruptura del principio de equidad entre los españoles".

La equidad y el impuesto a las energéticas

Esas comunidades del régimen foral tendrían "capacidad específica de establecer algún tipo de bonificación en el ámbito fiscal en este tributo, que estaría prohibido al resto".

Ha explicado, que Castilla y León ha iniciado "el procedimiento para que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma estudien con detalle el momento más adecuado para la presentación del recurso y el contenido del mismo".

Ha reconocido que sería preciso "conocer, el elemento normativo del Gobierno sobre el cual recurrir, pero sea cual sea ese instrumento, nuestra idea lógicamente es analizarlo con detalle e iniciar el procedimiento para el recurso en torno al mismo".

El portavoz de la Junta ha criticado que este nuevo impuesto se enmarque en el contexto de la negociación de los presupuestos del Estado.

"Nosotros no podemos permitir la desigualdad entre los españoles. No podemos permitir que algo que perjudica a todos los españoles, como es un nuevo impuesto, no perjudique a una parte del territorio de España por decisiones políticas o por acuerdos parlamentarios en el ámbito de la debilidad del Gobierno de España", ha argumentado.

El portavoz ha incidido en que si eso ocurre, sería "una clara ruptura de la igualdad entre españoles, que perjudica al conjunto de España y que hace que inversiones que se iban a realizar por parte de empresas en España se lleven a cabo fuera del territorio español".

Y ello "podría ser que perjudicara a 15 comunidades autónomas" que a diferencia de las otras dos no tendrían esa capacidad normativa de establecer bonificaciones y deducciones fiscales para impedir la efectividad de la aplicación de ese tributo, ha concluido.