La Asamblea tramitará una proposición de ley de Podemos sobre Pobreza Energética frente a las "apresuradas, insuficientes y oportunistas" medidas del Gobierno de Cifuentes, una proposición cuya toma en consideración han apoyado Ciudadanos y PSOE pero no el PP, que cree que Podemos busca con ella rédito electoral.
Con los 78 votos a favor y 48 en contra que ha recibido, la proposición de ley comienza ahora su andadura en la Asamblea con el debate de las enmiendas que ya han anunciado PSOE y Ciudadanos, que han coincidido en que se trata de una cuestión que hay que resolver de manera urgente.
La diputada de Podemos, Olga Abasolo, ha justificado la iniciativa de su grupo alegando que en pleno siglo XXI y "en una región con 31.000 euros de renta per cápita" no se puede consentir la "injusticia" de que muchos ciudadanos no puedan tener electricidad, gas o agua por no poder pagar las facturas.
Abasolo, en este sentido, ha criticado las medidas "apresuradas" que ha aprobado el Gobierno de Cristina Cifuentes, que además son "insuficientes en más de un aspecto", y llegan "tarde y mal", con "muchísimo oportunismo electoralista".
En este sentido, ha criticado medidas que "no han funcionado" como los bonos sociales o que se quedan "cortas", como los acuerdos con las compañías suministradoras de energía como el que firmó ayer el Gobierno con Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, para evitar cortes de luz o gas en invierno.
"No es una cuestión de solidaridad, sino de justicia social, de derechos", ha dicho la diputada de Podemos, algo que se resuelve "cambiando las leyes" y no con medidas puntuales o por la voluntad de una compañía energética "que se levanta un día con cierto espíritu navideño".
La propuesta de Podemos contempla la creación de la figura del hogar vulnerable, que podrá acceder a una ayuda para el pago de las facturas de gas, luz y agua, procedente del fondo de contingencia del Gobierno regional.
En el caso de los hogares en situación de pobreza extrema recibirán un pago del 100 %; en los de pobreza severa será del 35 % (con la posibilidad de llegar hasta el 50% a partir de un hijo o de una persona dependiente); y en los hogares de pobreza relativa donde el gasto energético suponga más del 10 % de sus ingresos la ayuda será del 20 % .
La declaración de hogar vulnerable (con una validez de dos años con posibilidad de renovación automática) puede darse en familias que estén situadas en alguno de estos niveles de pobreza, según la clasificación del INE en la Comunidad de Madrid, o en aquellas que reciben prestaciones por rentas mínimas de inserción, entre otros motivos.
Desde el PSOE, María José Navarro ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa porque se trata de un tema que debe resolverse de forma urgente pero "desde la reflexión, no con un atropello de propuestas mal diseñadas" o "apagando fuegos con rescates continuos".
No obstante, ha opinado que la propuesta de Podemos debe modificarse en aspectos como la carga de trabajo que recaería sobre los servicios sociales municipales, a los que habría que reforzar con carácter inmediato.
Desde Ciudadanos, Albert Reyero ha coincidido en que las familias con menos recursos no deberían recibir ayudas puntuales, sino que sus viviendas deberían ser objeto de inversión de la Comunidad para conseguir que tengan un consumo "casi nulo", de manera que los esfuerzos se centren en "erradicar el problema, en lugar de paliarlo temporalmente".
También ha coincidido en que deberían enmendarse en aspectos como la "sobrecarga" de responsabilidad a la que, en su opinión, se somete a los Ayuntamientos.
A este respecto, Reyero ha criticado que la iniciativa de Podemos plantee que las compañías de energía deban informar a los servicios sociales de los Ayuntamientos si van a cortar el suministro, algo que "deriva en un control social más propio de otros tiempos y lugares".
Ana Camíns, en nombre del PP, ha justificado el voto en contra de la toma en consideración de la proposición alegando que es un "batiburrillo de ideas" que busca poner la pobreza energética "en el debate de la campaña electoral".
Camíns ha criticado la "tibieza" de Podemos -que parece pretender "suavizar" el problema y no acabar con él-, la carga de responsabilidad que recaería sobre los Ayuntamientos "sin contar" con ellos, o el hecho de que la declaración de situación de pobreza dure dos años, periodo en el que las ayudas se pueden quedar cortas si empeora la situación de la familia, o ser innecesarias si mejoran sus ingresos.
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