Parece detectarse cierta -y peligrosa- autocomplacencia del Gobierno con la reforma energética y el supuesto alcance de sus objetivos. Tal vez sea el cansancio de más de dos años de travesía y la resaca tras la publicación de Ley y de la regulación de renovables y cogeneración, entre otras. De cualquier forma, queda mucho trecho. No es tiempo de acomodarse, esperando ver cómo evolucionan los efectos de las nuevas medidas a nivel económico, ni mucho menos de continuar vanagloriándose de cara a un futuro año electoral. Sea como fuere, el Gobierno debería ser consciente de que la reforma está incompleta y de que debe impulsar nuevos y decisivos retos. No podemos permitirnos frenar los desarrollos y aparcar unas medidas pendientes –luz y gas– que logren, de verdad, una reforma energética que se traduzca en más competitividad y empleo en España.
La estabilidad económica de los sistemas energéticos eléctrico y gasista por “decreto-Ley”, no es en sí misma un objetivo si no se consigue al tiempo mayor eficiencia y competencia en esos sistemas; si no se completan verdaderamente reformas estructurales y se hace el trabajo político de consenso que las consolide y potencie en el tiempo. Sin eso, no habremos logrado nada más que traspasar la ineficiencia y la no competitividad por “decreto-ley” a los consumidores, a los agentes y al país.
Lo que queda por hacer en el ámbito energético es muchísimo, con enormes carencias en el terreno político y en el técnico-regulatorio de los propios sistemas energéticos, con sus mercados, sus costes regulados y su fiscalidad asociada.
Retos energéticos
En el ámbito regulatorio, y desde la cogeneración y la industria -donde hay mayor potencial país para generar empleo-, los retos energéticos pendientes son muchos y muy urgentes. No estamos para aparcar los temas ni para “wait and see”, sino para acometer con decisión asuntos vitales y el primero es completar desarrollos del marco de cogeneración y renovables y abordar desarrollos en los mercados eléctricos y gasista.
Por citar algunos temas del marco de cogeneración, falta regular cómo se actualizarán las retribuciones a la operación en función de los precios de los combustibles, desarrollar las condiciones de inversión y cambio de equipos del “Plan Renove”, la participación en los mercados de ajuste o el autoconsumo de su electricidad, entre otros. Porque, sin que se completen piezas clave del nuevo marco regulatorio, las cogeneraciones no pueden gestionar la nueva situación, no pueden siquiera atisbar qué cobrarán o cómo comprarán sus combustibles en los próximos meses, no pueden adaptar sus instalaciones para mejorar su eficiencia, ni gestionar nuevas formas de operación. Esta incertidumbre agrava el enorme varapalo económico que tiene a muchas industria al límite de su competitividad energética –perdida con la reforma- y que debe ser gestionada y recuperada.
En el ámbito de los mercados energéticos, hay que apretar el acelerador o no llegaremos a cubrir los retos europeos y se calará el motor de la incipiente recuperación económica. El papel de los mercados bien regulados es la vía para fomentar una auténtica competitividad energética del país, integrada en Europa, que fomente la actividad de la economía real.
En los mercados de la electricidad, hay que abordar desarrollos tanto en el mercado mayorista como en los intradiarios, los mercados a plazo, los mercados y servicios de ajuste, la integración e interconexión con los mercados vecinos y la participación de la demanda. Hay que apostar por el papel de los mercados y su regulación efectiva y eficaz.
En los mercados gasistas, es inaceptable que el Gobierno no haya desarrollado el mercado secundario de gas –el Hub de gas previsto hace cuatro años para hacerse en 6 meses-, y siga sin contar con los consumidores para impulsarlo. Este no será “el año del gas”, es lo mismo que pasó en la anterior legislatura. El 65% del gas natural del país lo consume la industria; es una prioridad país tener unos precios competitivos y transparentes, que ahora no lo son.
Costes regulados
En los costes regulados -del sistema eléctrico en mayor medida, pero también del gasista- queda pendiente una gran reforma conceptual y estructural. Para ello es imprescindible completar acertadamente el desarrollo de las metodologías de peajes de transporte y distribución en elaboración. Hay gran potencial y necesidad de eliminar y reducir partidas de los costes regulados, bien porque sean internalizadas en el mercado por los propios agentes de actividad, o porque se correspondan con medidas de cohesión social, territorial u otras que hacen aconsejable y necesaria su reubicación.
Con ello, la componente regulada del precio final de electricidad y gas que venimos soportando las industrias a través de los peajes eléctricos –y en menor medida los peajes gasistas- debe operar una deseable reducción si queremos lograr una reforma estructural de calado orientada a la competitividad de nuestra economía industrial y su empleo.
Y, finalmente, tras haber acometido este Gobierno medidas de emergencia con nuevos impuestos energéticos y ambientales –que suman al cajón desastre histórico-, también se necesita acometer una nueva estructuración de la fiscalidad energética y ambiental que se integre en la conformación de los precios energéticos en coordinación con los objetivos y necesidades de los sistemas, más allá de la simplicidad recaudatoria, aportando robustez y durabilidad a la reforma, canalizando las aportaciones y reconocimientos a una industria y sector energético seguro, eficiente, competitivo y medioambientalmente responsable
Así las cosas, con las vacaciones de verano ahí -y en un soplo las navidades y el año electoral-, no podemos quedarnos a medias, no podernos interrumpir la reforma energética. Hay que impulsarla y coordinarla con políticas y medidas industriales, acometiendo y logrando mayores retos de desarrollo, transparencia y liberalización de los mercados que conduzcan a una mayor competitividad energética.
No podemos aparcar la agenda de España para la competitividad y el empleo industrial y la energía es parte esencial de ello. Es imprescindible borrar cualquier atisbo de autocomplacencia, ralentización o parón –¿a qué espera el Gobierno?-, e impulsar desde el Ministerio y con la colaboración de todos, mayores reformas, retos y horizontes y dar la mano a las empresas en el difícil camino de adaptarse, evolucionar y lograr empleo.
Javier Rodríguez es director general de ACOGEN, Asociación Española de Cogeneración
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