De Navarra a Países Bajos: la inversión ciudadana moviliza millones para acelerar proyectos renovables

La participación ciudadana en la financiación de proyectos renovables se consolida como una de las principales palancas para acelerar la transición energética y reducir la conflictividad social en torno a las nuevas instalaciones. Así se desprende del informe de Fundeen titulado "¿Cómo contribuye la inversión ciudadana a mejorar el impacto de la transición energética?", que analiza el marco regulatorio español, recopila evidencia académica internacional y expone varios casos de éxito en España y Europa.

El estudio sostiene que la reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2026 refuerza esta tendencia al incorporar un marco que impulsa la participación local en el desarrollo de proyectos energéticos, aunque recuerda que varias comunidades autónomas ya habían avanzado en esa dirección y que la evidencia científica lleva años demostrando los beneficios de este modelo.

Desde Fundeen consideran que la nueva normativa supone un punto de inflexión para el sector, aunque subrayan que no introduce una realidad desconocida. "El RDL 7/2026 es un punto de inflexión para el sector renovable en España, pero no porque imponga una obligación nueva. Lo es porque formaliza algo que los datos ya venían demostrando: los proyectos que reparten beneficios con el territorio generan menos fricción regulatoria y tienen mayor aceptación social. La norma no ha inventado el problema, ha puesto un marco a la solución", señalan desde la plataforma especializada en inversión ciudadana en energías renovables.

La compañía destaca que España cuenta ya con un desarrollo normativo más avanzado de lo que habitualmente se percibe, aunque de forma desigual entre territorios. Baleares, Cataluña, Navarra, Canarias y Galicia disponen de legislación específica que incorpora mecanismos de participación ciudadana o incentivos vinculados al desarrollo de proyectos renovables, mientras que diferentes programas estatales también han ido introduciendo criterios relacionados con la denominada licencia social. Sin embargo, el propio sector considera que el principal reto sigue siendo armonizar este marco regulatorio para evitar la actual fragmentación normativa.

Despliegue de nuevas instalaciones

La tesis de que la inversión local facilita el despliegue de nuevas instalaciones está respaldada por diversos estudios internacionales recogidos en el informe. Investigaciones desarrolladas en Escocia, Alemania, Reino Unido y España concluyen de forma consistente que cuando los ciudadanos participan en la financiación o reciben parte de los beneficios derivados de los proyectos renovables aumenta su aceptación social, disminuyen las reticencias hacia nuevas infraestructuras y se reducen los retrasos administrativos y sociales asociados a su desarrollo.

"La evidencia académica sobre participación ciudadana en renovables es consistente y no deja mucho margen para el debate. Los residentes en municipios con proyectos participados muestran significativamente menor resistencia a nuevas instalaciones. En mercados más maduros como Francia, Países Bajos o Reino Unido, más de 800 millones de euros se han invertido en 500 proyectos con participación ciudadana activa, con una correlación directa entre ese modelo y la velocidad de ejecución de cartera. No estamos hablando de responsabilidad social corporativa. Estamos hablando de una palanca de aceleración del despliegue", sostienen desde Fundeen.

Los datos recopilados en el estudio muestran además que este tipo de financiación ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en una herramienta consolidada en distintos mercados europeos. En Francia, Países Bajos y Reino Unido se han canalizado más de 800 millones de euros hacia alrededor de 500 proyectos renovables con participación ciudadana, un modelo que ha permitido repartir beneficios entre la población local y mejorar la percepción social de la transición energética.

Casos de referencia

España también comienza a acumular casos de referencia. Uno de los más destacados es el proyecto de repotenciación eólica Montes de Cierzo, en Navarra, promovido junto a Statkraft, que consiguió captar cinco millones de euros, el máximo legal permitido, aportados por 253 inversores. La mitad de la financiación se completó en menos de cuatro horas gracias a la participación de ciudadanos navarros.

En Cataluña, el proyecto fotovoltaico Sant Fruitós logró superar los 600.000 euros captados entre residentes, aproximadamente la mitad procedentes de personas situadas en un radio inferior a 40 kilómetros de la instalación. En Sevilla, una iniciativa para desplegar 184 puntos de recarga para vehículos eléctricos reunió más de 1,4 millones de euros en menos de tres semanas mediante financiación ciudadana.

El ejemplo de mayor dimensión se encuentra en Países Bajos. El parque eólico Windpark Fryslân, considerado el mayor parque eólico en aguas interiores del mundo, movilizó 27 millones de euros de inversión ciudadana en apenas seis semanas y actualmente genera alrededor del 75% de la energía renovable de su provincia, convirtiéndose en uno de los casos más representativos de este modelo de financiación participativa.

Aceptación

El informe también destaca que la inversión ciudadana no solo mejora la aceptación de las renovables, sino que contribuye a dinamizar la economía local mediante la contratación de empresas del entorno, la implicación temprana de ayuntamientos y agentes sociales y el reparto directo de beneficios entre los residentes. Asimismo, señala que los ciudadanos muestran una mayor preferencia por fórmulas de inversión que permiten obtener rentabilidad sin asumir la copropiedad completa de las instalaciones, frente a otros modelos cooperativos tradicionales.

Fundeen asegura que este modelo ya ha demostrado su viabilidad en el mercado español. "En Fundeen llevamos años demostrando que este modelo funciona en España. Hemos canalizado más de 42 millones de euros en coinversión, distribuido más de 4,2 millones en beneficios a coinversores y financiado 37 operaciones que ya están generando retornos. Más de 20.000 personas confían en la plataforma. El RDL 7/2026 abre una ventana para los promotores que sepan diseñar bien esta participación. Los que lo traten como un trámite más van a notar la diferencia", concluyen desde la compañía.

El informe identifica, no obstante, varios desafíos pendientes para consolidar este modelo, entre ellos una mayor implicación institucional para divulgar las oportunidades de inversión ciudadana, el desarrollo de incentivos fiscales que favorezcan la participación de los ahorradores y la creación de un marco regulatorio nacional armonizado que complemente las iniciativas autonómicas ya existentes y garantice estándares comunes de impacto positivo sobre el territorio.