Ningún comentario La Comisión Europea ultima un giro estratégico en su política industrial que suaviza el enfoque inicial del “Hecho en Europa” y abre la puerta a un nuevo concepto más pragmático: el “Hecho con Europa”. Un nuevo borrador del Reglamento sobre la Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act o IAA, por sus siglas en inglés), que será presentado el próximo 25 de febrero, introduce una gran —y probablemente polémica— novedad: la posibilidad de considerar equivalentes a lo fabricado en europa determinados productos procedentes de terceros países designados como “socios de confianza”.
El cambio no suprime los requisitos de "contenido europeo" —que seguirán aplicándose a los Estados miembros y al Espacio Económico Europeo—, pero permite a la Comisión incorporar, mediante actos delegados, a terceros países cuyos productos puedan considerarse equivalentes a los de origen comunitario. La inclusión dependerá de los compromisos mutuos que ese país haya asumido con la Unión Europea y de su aportación a los objetivos europeos de competitividad, resiliencia y seguridad económica. Asimismo, Bruselas se reserva la facultad de excluirlos posteriormente en caso de “incumplimiento grave” de dichos compromisos.
Mayores márgenes
La medida forma parte del capítulo del reglamento dedicado a la contratación pública y a los regímenes de ayudas en sectores estratégicos, especialmente en los productos de industrias con alto consumo de energía y en el sector del automóvil. En estos sectores, el texto permite exigir que los productos tengan contenido europeo, que cumplan criterios de bajas emisiones de carbono o que reúnan ambas condiciones al mismo tiempo. De esta manera, la nueva redacción es menos prescriptiva que la anterior y otorga mayor margen a los Estados miembros para optar por uno u otro criterio, en lugar de imponer obligatoriamente la concurrencia simultánea de ambos. Los anexos que deberán concretar los productos afectados y los umbrales aplicables todavía no se han publicado.
El ajuste normativo refleja la tensión entre el objetivo político de reforzar la autonomía estratégica europea y la constatación de las limitaciones estructurales del bloque en un entorno de competencia global intensificada. El propio memorando explicativo del reglamento reconoce que la cuota de la Unión en el valor añadido industrial mundial ha descendido del 20,8% en 2000 al 14,3% en 2020, en un contexto marcado por subsidios extranjeros, sobrecapacidades globales y vulnerabilidades en las cadenas de suministro.
Además, el documento señala como estratégicos los sectores de las industrias electrointensivas, las tecnologías de cero emisiones y la automoción. Aunque en conjunto apenas suponen alrededor del 15% de la producción manufacturera europea, tienen un peso mucho mayor del que indica esa cifra, ya que actúan como proveedores clave para numerosas cadenas de valor industriales.
Producción en terceros países
En el terreno de las tecnologías limpias, la Comisión alerta de que la producción está fuertemente concentrada fuera de la Unión. China controla más del 80% de la capacidad mundial de fabricación de baterías y paneles solares, una dependencia que sitúa a la UE ante riesgos económicos y geopolíticos en pleno impulso de la transición energética. Al mismo tiempo, las industrias electrointensivas europeas soportan altos costes de energía, requieren inversiones millonarias para descarbonizarse y compiten en desventaja frente a productores extranjeros.
Ante este panorama, el IAA se fija como meta que la industria manufacturera vuelva a representar al menos el 20% del PIB europeo en 2035. Para lograrlo, el reglamento plantea agilizar y simplificar los permisos para proyectos industriales y de descarbonización, impulsar “áreas de aceleración industrial” que concentren actividades estratégicas y establecer criterios de preferencia en la contratación pública y en las ayudas estatales que favorezcan productos bajos en carbono y con mayor contenido europeo.
Además, la propuesta establece un marco común para imponer condiciones a determinadas inversiones extranjeras directas superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos emergentes, con el fin de asegurar transferencia tecnológica, creación de empleo y arraigo en la cadena de valor europea, y evitar la competencia a la baja entre Estados miembros. En paralelo, introduce una etiqueta voluntaria de intensidad de emisiones para el acero, diseñada para distinguir el acero bajo en carbono y estimular su demanda dentro del mercado interior.
Posiciones enfrentadas
La posibilidad de considerar a terceros países como equivalentes al "contenido europeo" acerca la propuesta a la postura defendida por Alemania y otros Estados miembros, que buscan mantener los mercados abiertos y evitar un proteccionismo que encarezca los costes para la industria europea o provoque represalias comerciales. Según la Comisión, el giro hacia el “Made with Europe” no implica renunciar a la autonomía estratégica, sino adoptar un enfoque pragmático que combina protección selectiva con cooperación internacional.
Bruselas sostiene que la iniciativa es compatible con las obligaciones internacionales de la Unión, incluidos los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, recurriendo a las excepciones por motivos de orden público y seguridad económica cuando resulte necesario. El reglamento subraya que la UE seguirá siendo una economía abierta, pero adoptará un enfoque “más estratégico” en el uso del acceso a su mercado como herramienta para proteger su base industrial, reducir dependencias críticas y reforzar su resiliencia.
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