El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido de que numerosos proyectos de seguridad nuclear financiados por la Unión Europea en terceros países han sufrido retrasos significativos y, en algunos casos, sobrecostes relevantes, lo que compromete su eficacia y plantea riesgos para su sostenibilidad a largo plazo. En su Informe Especial 08/2026, publicado en Luxemburgo, los auditores concluyen que, aunque la UE sigue siendo un actor mundial destacado en este ámbito, la falta de una estrategia integral y de un seguimiento riguroso debilita el impacto de su apoyo financiero.
La auditoría analiza el período 2014-2024, durante el cual la UE asignó alrededor de 600 millones de euros en subvenciones a través del Instrumento Europeo de Cooperación Internacional en materia de Seguridad Nuclear y concedió un préstamo de 300 millones de euros para mejorar la seguridad de las centrales nucleares en Ucrania. El examen abarcó actuaciones en Armenia, Irán, Kirguistán, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán, así como proyectos de gran envergadura vinculados a la antigua central de Chernóbil.
Incumplimiento de los plazos
Según el Tribunal, las acciones financiadas abarcaron desde formación y asistencia técnica hasta la provisión de equipos, infraestructuras y complejos trabajos de rehabilitación. Sin embargo, de los contratos analizados en la muestra, solo una minoría cumplió los plazos inicialmente previstos. La mayoría registró demoras que oscilaron entre varios meses y varios años, lo que obligó en diversos casos a modificar formalmente la duración de los contratos.
Los auditores destacan especialmente las actuaciones de gran escala, ejecutadas en cooperación con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, como el nuevo confinamiento seguro que cubre el reactor accidentado de Chernóbil y la instalación de almacenamiento en seco de combustible gastado. Ambos proyectos, de carácter pionero y elevada complejidad técnica, experimentaron aumentos sustanciales respecto a sus estimaciones de costes iniciales y necesitaron contribuciones adicionales de los donantes, incluida la UE, para cubrir déficits de financiación.
En Asia Central, la rehabilitación de emplazamientos heredados de la extracción de uranio también sufrió retrasos desde sus primeras fases, debido en parte a la ausencia inicial de estudios de viabilidad completos y a la insuficiencia de compromisos financieros firmes por parte de otros donantes. Con el paso de los años, las estimaciones de costes aumentaron de forma significativa, mientras que la financiación disponible resultó insuficiente para cubrir la totalidad de las intervenciones previstas, lo que aplazó la finalización de varios trabajos.
El informe señala que, aunque parte de los sobrecostes pueden explicarse por la complejidad técnica, el carácter innovador de ciertas infraestructuras y factores externos como la inflación o la pandemia, también influyeron déficits persistentes de financiación y la ausencia de incentivos de rendimiento en determinados acuerdos contractuales. En opinión del Tribunal, establecer condiciones más estrictas desde el inicio podría contribuir a mitigar los riesgos de desviaciones presupuestarias y retrasos.
El préstamo de 300 millones de euros concedido en el marco de Euratom para financiar un programa ucraniano de mejora de la seguridad en todas sus centrales nucleares activas presenta, según los auditores, un patrón similar de demoras y aumento de costes. Cuando se desembolsaron los primeros tramos, el calendario ya había sido prorrogado, y años después el programa seguía sin completarse plenamente. Además, el Tribunal critica que la Comisión Europea delegara parte de la supervisión en terceros y desembolsara los fondos sin contar con garantías suficientes de que se destinarían exclusivamente a los gastos del programa soportados por el prestatario.
Carencia de estrategia integral y actualizada
Más allá de los problemas de ejecución, el informe subraya que la Comisión carece actualmente de una estrategia integral y actualizada que abarque todos los instrumentos de financiación disponibles, incluidas las subvenciones y los préstamos. Esta ausencia, en un contexto internacional con múltiples actores implicados en la seguridad nuclear, resta claridad a los objetivos perseguidos por la UE y dificulta la coordinación y priorización de las acciones.
El Tribunal también detecta deficiencias en el proceso de selección de proyectos, ya que las propuestas no se puntuaron ni clasificaron formalmente con arreglo a criterios predefinidos que permitieran comparar su urgencia, madurez o valor añadido. A su juicio, esta falta de priorización documentada reduce la transparencia y complica la asignación óptima de los recursos disponibles.
En sus recomendaciones, los auditores instan a la Comisión a reforzar su marco estratégico, mejorar la selección de acciones financiadas, establecer mecanismos para limitar retrasos y sobrecostes y reforzar el seguimiento de los resultados alcanzados, centrándose no solo en las realizaciones formales, sino también en las mejoras efectivas de la seguridad nuclear.
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