Demasiado despacio para lo que está en juego

Empecemos por lo bueno, porque lo hay. Del cotejo nodo a nodo de las publicaciones de capacidad de acceso de la demanda del 20 de febrero y del 1 de junio se desprende que el valor de referencia en la frontera transporte-distribución ha empezado a moverse: 70 nudos que figuraban sin acuerdo lo tienen ahora —algunos de envergadura, como Romica 400 o La Plana 400, por encima de los 550 MW—, con 12.263 MW asignados en total, y el conjunto de nudos con valor de referencia ha pasado de 235 a 303.

La obligación de publicación mensual y la exigencia de la CNMC de explicar cada desacuerdo han empujado a REE y a las distribuidoras a cerrar acuerdos que antes no se cerraban. El bloqueo, como se sospechaba, era de acuerdo, no de cálculo.

Y aquí termina la parte amable, porque 68 nudos netos en algo más de tres meses es, sencillamente, demasiado lento para lo que está en juego. Sobre los 542 nudos con interfaz transporte-distribución que el operador llegó a contabilizar, todavía falta cerrar una parte muy considerable; a este ritmo, completar el mapa se mediría en años, no en meses.

Y no hablamos de un trámite menor: hablamos de la capa exacta por la que se conectan la inmensa mayoría de los nuevos consumos residenciales, comerciales e industriales. Con 11,8 GW de demanda ya otorgada en transporte que aún no está en servicio y una cola creciente de proyectos detrás, un asunto tan estructural para el sistema —y tan determinante para la electrificación del país— no puede avanzar a cuentagotas.

El criterio dinámico

El segundo frente es, si cabe, más llamativo. El factor que de verdad estrangula la capacidad en la mayoría de los nudos no es el valor de referencia, sino el criterio dinámico: REE advirtió de que, sin requisitos de robustez frente a huecos de tensión, cerca del 90 % de los nudos quedarían con capacidad nula. El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lo reconoció con claridad: en febrero sometió a audiencia pública un proyecto de real decreto que obligaría a la demanda a soportar huecos de tensión y que, según su propia justificación, permitiría aflorar capacidad de acceso que hoy no es técnicamente otorgable.

Es decir, la administración identificó la palanca. El plazo de alegaciones se cerró el 16 de marzo. Y, varios meses después, esa norma sigue sin publicarse. La pieza que el propio Ministerio señaló como la solución al principal limitante continúa en un cajón.

La paradoja es difícil de sostener. En ese mismo periodo, el Estado ha declarado por escrito que la electrificación es “necesaria y urgente”, ha impuesto a los promotores de demanda una prestación mensual por reservar capacidad para penalizar el acaparamiento, les exige códigos CNAE vinculantes y los somete a plazos de caducidad estrictos. Al sector privado se le pide diligencia, compromiso y velocidad, con sanción si no la hay. Pero ese mismo reloj no aprieta donde se decide el ritmo.

Acuerdo entre eléctricas y REE

Los acuerdos de valores de referencia no los cierra la administración, sino REE y las distribuidoras; cuando no hay acuerdo, los operadores solo están obligados a comunicar a la CNMC las causas y a proponer soluciones, sin que medie un mecanismo que fuerce el cierre. Y la norma de robustez que desbloquearía el criterio dinámico, esa sí competencia exclusiva del Ministerio, sigue sin llegar. Se exige urgencia a quien invierte mientras avanzan con calma tanto los acuerdos que dependen de los operadores de red como la norma que solo el Ministerio puede publicar.

España aspira a atraer centros de datos, hidrógeno renovable y reindustrialización, y todos ellos dependen de poder conectarse. Cada mes de retraso es una decisión de inversión que se aplaza o que se marcha a otro país. La buena noticia —12.263 MW desbloqueados en cuatro meses— demuestra que el problema tiene solución cuando hay voluntad de cerrarlo.

Lo que falta es tratarlo con la misma urgencia que la propia administración proclama: un calendario vinculante para cerrar los nudos pendientes y la publicación, sin más demora, del real decreto que establece requisitos de conexión de la demanda. De lo contrario, seguiremos retratando con precisión milimétrica, mes a mes, un cuello de botella que el país no se puede permitir.

Íñigo Malo de Molina es director de Desarrollo de Negocio de Statera Energy en Iberia.