División en la CNMC por la retribución de las redes: el vicepresidente y dos consejeros advierten de riesgos para los consumidores y la inversión

La aprobación de la Circular 8/2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que fija la metodología de retribución de la distribución eléctrica para el periodo 2026-2031, ha evidenciado una profunda fractura en el seno del regulador. El vicepresidente del organismo y los consejeros Josep Maria Salas y María Jesús Martín Martínez han votado en contra del texto definitivo al considerar que introduce desequilibrios regulatorios, incrementa los riesgos jurídicos y económicos de la actividad y puede acabar perjudicando tanto a los consumidores como a la inversión necesaria para la transición energética.

El núcleo de la discrepancia gira en torno al diseño del nuevo esquema retributivo y, en particular, a la forma en que la Circular articula el modelo denominado TOTEX y el mecanismo de sostenibilidad económica de las inversiones. En su voto particular, el vicepresidente de la CNMC alerta de que la metodología aprobada incumple los principios de suficiencia retributiva y de rentabilidad adecuada que la Ley del Sector Eléctrico reserva a una actividad considerada de bajo riesgo.

A su juicio, una retribución insuficiente eleva de forma artificial el riesgo regulatorio, compromete la capacidad de las empresas para financiar inversiones y pone en peligro objetivos clave de la transición energética, con un impacto especialmente sensible en zonas rurales y despobladas.

Falta de coherencia y alineación

Una visión crítica que comparte Josep Maria Salas, quien dedica un extenso voto discrepante a cuestionar la coherencia interna de la Circular y su alineación con el dictamen del Consejo de Estado. Salas sostiene que el texto final desnaturaliza el modelo TOTEX anunciado, mantiene un sesgo claro hacia las inversiones de capital frente a la optimización operativa y no ofrece señales regulatorias suficientes para fomentar el uso eficiente de las redes existentes. En su opinión, el resultado es una metodología que no garantiza el derecho efectivo de acceso de los consumidores, ni incentiva de forma adecuada la conexión de nueva demanda en un contexto de electrificación acelerada de la economía.

El consejero subraya además que la Circular introduce una discriminación entre las actividades de transporte y distribución, tanto en la captura de eficiencias como en el tratamiento del riesgo, sin que esa diferencia se refleje de manera congruente en la tasa de retorno financiero. Esta asimetría, advierte, acabará trasladándose a los peajes que pagan los consumidores y puede erosionar la confianza de los inversores en un momento en el que el sistema eléctrico necesita certidumbre regulatoria para absorber nueva demanda industrial y avanzar en la descarbonización.

Sostenibilidad económica de las nuevas inversiones

Por su parte, María Jesús Martín Martínez centra su voto particular en dos críticas fundamentales. La primera es que la Circular no incorpora la observación esencial del Consejo de Estado sobre el esquema de sostenibilidad económica de las nuevas inversiones, al vincular parte de la retribución al incremento de la demanda sin un respaldo legal claro. La segunda se refiere al tratamiento de las eficiencias en los gastos de operación y mantenimiento, que, a su juicio, no se ajusta de forma coherente y refuerza un sesgo retributivo hacia el CAPEX en detrimento de una gestión más eficiente de las redes.

Martín Martínez advierte de que este planteamiento puede acabar penalizando al consumidor actual y futuro, que es quien soporta la retribución de las redes a través de los peajes de acceso, especialmente si se produce un desajuste entre una senda intensa de inversiones y una evolución de la demanda inferior a la prevista. La consejera alerta también de la inseguridad jurídica que genera confiar la aplicación efectiva del esquema a futuros desarrollos normativos, lo que introduce incertidumbre adicional en un marco que debería ser estable y predecible.

Los tres votos discrepantes coinciden, en definitiva, en que la Circular aprobada supone una oportunidad perdida para reforzar un marco regulatorio equilibrado, capaz de proteger al consumidor, incentivar inversiones eficientes y acompañar con garantías el proceso de electrificación y transición energética.