El Grupo EDF, uno de los líderes mundiales del sector energético y buque insignia de la industria francesa, está entrando en un período de turbulencia.
Los resultados del grupo dados a conocer recientemente con motivo de la última reunión del Consejo de Administración y de la Asamblea General informan de unas cifras para el ejercicio vencido de 2015 un 46% inferiores a los correspondientes a los del 2014 (4.280 millones de euros) junto con una deuda que ha alcanzado los 37 mil millones de euros, un 9,3% superior al de 2014, correspondiéndose con unos ingresos totales de 75 mil millones de euros.
Estas cifras, en gran parte debido a la depreciación de los precios de la energía, no son catastróficas si se comparan con los resultados de otros grandes productores y distribuidores de electricidad en Europa que han declarado resultados marcadamente negativos.
Sin embargo, otros parámetros crean una cierta sensación de mal de altura: los relacionados con las inversiones en las que el grupo se ve obligado a participar, en los próximos años:
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2.500 millones de euros para la adquisición de la división nuclear de Areva.
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55.000 millones de dólares para puesta al día de sus propias centrales nucleares.
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18.000 millones para el proyecto de Hinkley Point EPR en el Reino Unido.
Estas cifras han traído como consecuencia la dimisión del director financiero del grupo, que ha considerado “fuera de toda medida” estos niveles de inversión y ha exigido “el abandono del proyecto EPR en el Reino Unido en su forma financiera actual, dado que EDF asume todos los riesgos”.
Esta es la razón por la que el Estado francés, que posee el 85% del grupo, ha tenido que asumir sus responsabilidades y por ello autorizar un aumento de capital de 4 mil millones de euros, 3 mil millones con cargo al Estado. Al mismo tiempo, EDF lanzará un nuevo plan de ahorro de mil millones de euros desde hoy hasta el 2019 así como una reducción de los programas anuales de inversión que pasarán de 12,5 a 10,5 mil millones de euros a partir de 2018.
Finalmente, el grupo ha confirmado un programa de venta de activos de 10 mil millones desde hoy al 2020.
Estas medidas, que pueden llegar a parecer insuficientes para algunos, levantan sin embargo algunas dudas:
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La disminución del nivel de inversión, ¿afectará los grandes programas comprometidos por el grupo y especialmente a los proyectos de interconexión a cargo de su filial RTE, responsable de la construcción y operación de dichas infraestructuras? España, que está muy comprometida con estos proyectos de interconexión ¿debe inquietarse? Según varias fuentes cercanas a EDF, España no debe preocuparse por la situación de EDF ya que parece garantizado que no se cuestionarán estos grandes proyectos, especialmente en lo que respecta a las interconexiones que conllevarán retornos importantes, estables y de largo plazo.
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Dentro del capítulo de la venta de activos se está considerando la posibilidad de una privatización parcial del capital de RTE que podría generar al menos unos 1.500 millones de euros, lo que permitiría la apertura del capital a inversores extranjeros, ¿quizás de entre ellos al capital español? De no modificarse los estatutos de RTE ello no sería posible ya que actualmente solo se permitiría participar a entidades públicas francesas como la Caisse des Dépôts et Consignation.
En conclusión, podemos decir que EDF paga un alto precio por las decisiones, como el rescate de Areva o la política de tarifas, ambas impuestas por su propio Estado.
Pero son también las condiciones económicas generales las que representan para EDF un enorme desafío: deberá tener en cuenta los importantes cambios que se esperan como el ahorro y el uso eficiente de la energía, deberá acompañar el desarrollo de las energías renovables, y deberá seguir soportando la evolución tarifaria que seguirá respondiendo a criterios de carácter básicamente políticos.
Jordi Dolader es fundador y senior expert de MRC Consultants y presidente del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
emho
01/06/2016