EEUU se aleja de su estrategia de descarbonización

Este diario informó el pasado 14 de septiembre que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de la administración Trump finalizó la derogación parcial de las normas sobre emisiones para centrales eléctricas de combustibles fósiles. La EPA también anunció una propuesta para eliminar por completo su autoridad para regular los vertidos a la atmosfera de las centrales eléctricas.

Para entenderlo mejor, lo ocurrido en EEUU equivaldría a un hipotético escenario en el que la Comisión Europea eliminase la Directiva sobre emisiones industriales (DEI) 2010/75/UE, en concreto el capítulo III y el Anexo V, que establece los requisitos relativos a los límites de emisión para grandes instalaciones de combustión, en particular para SO₂, NOx, partículas y CO₂. La medida tendría importantes implicaciones para este tipo de regulación, aunque no supondría la desaparición del mercado europeo de derechos de emisión de carbono.

La administración Trump ha apostado por la seguridad de suministro ante el fuerte incremento de la demanda, ya que ahora tanto las centrales de carbón como las de gas se enfrentan a menos restricciones federales sobre el CO₂. Más concretamente, la disposición eliminada exigía que las nuevas plantas de ciclo combinado (CCGT) y de carbón con factores de carga base alcanzaran una tasa de captura de carbono de un 90% o una mezcla del 30% de hidrógeno, en el caso del gas metano utilizado como combustible en CCGT, en 2032.

EPA quiere eliminar totalmente la base legal para regular los gases de efecto invernadero

Su razonamiento respecto a la eliminación parcial ha sido que tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono con una eficiencia del 90% no han alcanzado viabilidad económica a la escala requerida. Por ello, es poco probable que la infraestructura necesaria para implementarlas esté disponible en los plazos previstos.

Ahora la Agencia propone eliminar totalmente la base legal para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas en virtud de la sección 111 de la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act). Está también incluida la regulación de 2015 que limita los niveles de contaminación por CO₂ de las unidades de generación nuevas, modificadas y reconstruidas que funcionan con combustibles fósiles. La agencia sostiene que carece de autoridad para regular los niveles de CO₂ de dichas centrales basándose en el cambio climático. Esta propuesta aún está sujeta a consulta pública y no es definitiva.

Consecuencias de la decisión federal para un futuro

"La derogación total debilitaría la base jurídica para una futura regulación de los gases de efecto invernadero, haciendo más difícil que una futura administración pueda restablecer esta regulación", comenta a este medio Michael Strickland, fundador de EnergyBrokerTx.com, una empresa de intermediación en el mercado energético. Un caso parecido se abordó en este diario, en relación con la posibilidad de restablecer la industria eólica marina en EEUU por parte de la siguiente administración federal.

Otra consecuencia sería una menor presión para el cierre de las centrales de carbón si también se retiran las directrices para las unidades existentes, algo especialmente relevante en estados como West Virginia y Kentucky.

En cualquier caso, el marco regulatorio a nivel estatal no queda invalidado por la normativa federal. Esto es relevante para el estado de California, que regula de forma independiente las emisiones de carbono del sector eléctrico mediante un sistema de comercio de derechos de emisión, similar al europeo.

Existen otros obstáculos a la construcción de nuevos ciclos

La derogación parcial también podría ampliar la brecha entre California y otros estados como Texas en materia de regulación de contaminación. "Su eliminación reduce el riesgo financiero para la oleada de plantas de ciclo combinado que ERCOT está impulsando a través del Texas Energy Fund", afirma Michael Strickland y añade, "la norma estaba sujeta a litigios desde el año pasado, por lo que la mayoría de los bancos con los que tratamos ya lo tenían en cuenta en sus análisis de viabilidad de estos proyectos".

"El verdadero cuello de botella para incorporar capacidad de generación con gas en ERCOT sigue siendo el suministro de turbinas y los problemas de interconexión con la red, no esta decisión", comenta Michael Strickland y añade, "los plazos de entrega para pedidos de turbinas ya se sitúan entre 2029 y 2031".

La escasez también está afectando a las inversiones en la red para poder conectar capacidad adicional. "Los plazos de entrega de los grandes transformadores de potencia rondan las 128 semanas y los de los transformadores elevadores de generador (GSU) se acercan a las 144 semanas, con precios que han aumentado aproximadamente un 77% desde 2019", comenta Michael Strickland.