No han pasado ni 20 días para ver cómo se las gasta el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital con el sector eléctrico. Es un rumor a voces que la relación entre las eléctricas y Álvaro Nadal no ha sido la mejor desde su aterrizaje en la Oficina Económica de Moncloa, y ahora que es ministro del ramo las diferencias son más palpables.
Este martes, el ministro de Energía ha acudido al Senado en la que ha sido la primera prueba de fuego para el nuevo Gobierno de Rajoy tras casi un año de parálisis política. Y la pobreza energética ha sido protagonista en el examen al Ejecutivo.
Lo ha anunciado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en la primera sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que ha se ha tenido que enfrentar a dos preguntas de la oposición tras la muerte la semana pasada de una anciana en Reus (Tarragona) que desde hacía dos meses no tenía luz en su hogar.
La mujer, de 81 años, murió en el incendio provocado por una vela que utilizó para alumbrarse, un hecho por el que el ministro ha expresado su pesar porque "lo lamentable" es que se podría haber evitado ya que esa vivienda no debería tener el suministro de luz interrumpido.
En este sentido, Nadal ha afirmado que la ley autonómica catalana prohíbe el corte del suministro eléctrico a las personas más vulnerables, y que, además, existe un fondo autonómico y otro municipal dotados para este tipo de situaciones.
El Ayuntamiento de Reus ha anunciado este martes que abrirá un expediente sancionador a las compañías que corten la luz a los colectivos más necesitados, en cumplimiento de la citada ley catalana.
Preguntas
Los senadores de Podemos y PSOE, María Pilar Garrido y Nemesio de Lara, respectivamente, han recordado que la pobreza energética mata y que el Estado tiene el deber constitucional de defender la vida y la dignidad de las personas.
Por su parte, el senador socialista ha urgido al ministro a concretar las medidas que tomará el Ejecutivo para hacer frente a la pobreza energética porque "el frío no envía heraldos" y a solucionar el problema de la financiación del bono social, una vez que el Supremo ha establecido en una sentencia que las eléctricas no deben sufragarlo.
"Como la sentencia lo ha dejado sin financiación, hemos planteado un incidente de nulidad, la acataremos pero hemos recurrido", ha respondido Nadal, quien ha subrayado que la dotación del bono social no debe corresponder ni al Estado, ni tampoco a los consumidores.
He aquí la clave. Nadal quiere que las eléctricas sean los encargados de abonar el bono social. No quiere que se aumenten los costes del sistema eléctrico con esta partida de unos 200 millones al año, y tampoco cree que le deba pasar la patata a su hermano y a Cristóbal Montoro.
Este paso del Gobierno es el previo y necesario para, posteriormente, poder pedir amparo al Tribunal Constitucional.
Ha recordado el ministro que el bono social "es muy importante" porque se benefician de él 2,4 millones de hogares, lo que supone más de siete millones de personas.
El bono social es un descuento del 25% en el recibo eléctrico para consumidores que cumplan ciertos requisitos como hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro.
Diálogo sin eléctricas
Nadal ha propuesto un diálogo entre los grupos políticos, así como con las administraciones locales y autonómicas para llegar a un acuerdo que incluya varias medidas como prohibir el corte del suministro eléctrico a las personas más vulnerables.
De quién se ha olvidado para que participe en el diálogo son las compañías eléctricas, a las que la Justicia les ha dado la razón en la financiación del bono social, y las verdaderas poseedoras de la llave a la hora de cortar o no el suministro.
Las compañías llevan varios años trabajando para tratar de erradicar la pobreza energética. Han llegado a acuerdos con cientos de ayuntamientos de todo el territorio nacional para no cortar los suministros de luz y gas a los consumidores más vulnerables.
Bogas realizó estas consideraciones en una presentación ante analistas en Londres acerca de la revisión del plan estratégico de Endesa, tras recordar que el Tribunal Supremo ha anulado el esquema de financiación actual por considerarlo discriminatorio, teniendo que devolverse las cantidades aportadas por las eléctricas entre 2014-2016. Una cifra que asciende a unos 500 millones de euros.
A este respecto, Endesa ha enviado a las autoridades una propuesta que incluye criterios de vulnerabilidad y señala que debe definirse un nuevo esquema de financiación para 2017 en adelante.
En cualquier caso, la eléctrica mantiene en su plan estratégico la financiación del bono social, con unos 80 millones de euros al año, aunque consideró que en el futuro se podrían dar varias posibilidades a este respecto, como que sea asumido por el Estado. Algo que el ministro Nadal ha descartado categóricamente.
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