El Congreso debate este martes una ley del PP para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis

El Pleno del Congreso debatirá este martes, 9 de diciembre, una proposición de ley del PP con la que plantea que, en caso de crisis, se aplique el tipo mínimo permitido del IVA a la energía y a las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

Esta es una de las medidas más destacadas que incluye la propuesta legislativa que se someterá a su admisión a trámite y que tiene por objeto apoyar al sistema alimentario español como sector estratégico esencial de la economía, mediante un amplio paquete de medidas fiscales para aliviar los costes de producción en el campo y así garantizar la rentabilidad y el futuro de las explotaciones y empresas del sector primario.

En concreto, el Grupo Popular propone reducir, de forma temporal, la cuantía del IVA que soportan todos los agentes del sistema y que impacta directamente en el precio de los alimentos, como la energía y los combustibles, o las materias primas e insumos necesarios para la actividad agraria que han registrado importantes "incrementos de precio" para los agricultores y ganaderos.

Ayudas estatales

Por otro lado, la formación propone la concesión de ayudas estatales en forma de "mínimis", o subvenciones de bajo importe, destinadas a las explotaciones de aquellos sectores que se encuentren en situación de crisis y vean en riesgo su continuidad en el ciclo de producción.

El PP quiere establecer criterios homogéneos en todo el territorio nacional para dar estas ayudas ante situaciones de la misma vulnerabilidad que, además, serían conocidos previamente por los interesados.

Eso sí, la ley plantea que estos recursos se otorguen en tanto se desarrolla, en el marco del sistema de seguros agrarios combinados, un seguro de estabilización de los ingresos que permita la gestión de los riesgos sobre los ingresos relacionados con la actividad agraria.

En otro orden de cosas, el PP incluye en la propuesta una sistema de seguimiento integral de los mercados y de las condiciones de los intercambios comerciales que sería desarrollado por los ministerios de Agricultura y Economía, en colaboración con las comunidades autónomas.

Cobertura del seguro

De su lado, el PP quiere que el seguro agrario combinado incorpore la posibilidad de cubrir nuevos riesgos derivados de la variabilidad de los mercados, y reforzar su viabilidad, técnica y económica, permitiendo garantizar las coberturas que se ponen a disposición de los agricultores asegurados.

Por su parte, se propone la modificación del artículo 27.3 de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para ajustar el tratamiento que debe darse a los residuos vegetales al criterio general establecido en la ley para el conjunto de residuos.

En clave medioambiental, el PP plantea que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico desarrolle los estudios y trabajos precisos para impulsar el acceso de los agricultores al mercado de carbono, de modo que los agricultores y ganaderos puedan obtener una compensación por la captura y almacenamiento de carbono en tierras y cultivos.

Bajada fiscal a los alimentos

En la misma sesión plenaria, el grupo parlamentario defenderá una proposición no de ley con la que instan al Gobierno a bajar el IVA de varios productos de alimentación como los huevos, la leche, los productos frescos, las carnes, los pescados y las conservas.

Se trata de una petición que el partido viene haciendo desde el repunte inflacionario que surgió después de la pandemia de 2020. La formación alerta de que en España ya van cinco años consecutivos en los que los precios "no han dejado de subir", acumulando una subida del 22,7% a octubre de este año. En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas la subida es del 34,1%.

Es por ello que la formación quiere bajar del 4% al 0% el IVA de los huevos, la leche y los productos frescos y rebajar ese impuesto del 10% al 4% en el caso de las carnes, pescados y conservas para recuperar el consumo de estos alimentos que las familias "han tenido que reemplazar por alimentos ultraprocesados".