El Pleno del Congreso debatirá este martes la propuesta de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) sobre autoconsumo, que pasa por modificar la Ley del Sector Eléctrico, aprobada en diciembre de 2013, para permitir el autoconsumo energético diferido doce meses sin coste alguno y eliminar los peajes por el consumo de electricidad autogenerada en el momento.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la coalición critica la regulación del autoconsumo contenida en la Ley Eléctrica porque conlleva trabas administrativas "insalvables" y trabas económicas "desproporcionadas", además de sanciones "desmesuradas en comparación con las exigencias" que tienen que cumplir las empresas.
A su juicio, la ley "deja sin ninguna posibilidad el desarrollo de la autogeneración de energía", que podría haber sido una "oportunidad de aumentar la competitividad y mejorar la eficiencia energética", a la vez que se reducían las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y se conseguía un ahorro económico.
"España tiene una regulación única en el mundo, consistente en discriminar y penalizar el autoconsumo con el único objetivo de impedir su desarrollo y proteger a las grandes empresas eléctricas ante el aumento de la competencia y la democratización del sistema eléctrico", añade la Izquierda Plural.
Por eso, IU-ICV propone modificar la Ley del Sector Eléctrico de modo que el consumidor pueda ceder los excedentes de energía a la red eléctrica y recuperarlos de forma gratuita en un plazo máximo de doce meses, pagando eso sí unos peajes, cargos y costes "reducidos que tengan en cuenta las aportaciones positivas de la autogeneracion" y que "en ningún caso podrán ser mayores que los aplicados" al resto de consumidores.
No obstante, el consumo instantáneo de energía autogenerada no debería conllevar, a juicio de la coalición, el pago de ningún peaje de respaldo, y la tarifa por la energía consumida de la red que sea necesaria tendría que ser "la misma" que para el resto de usuarios, descontando la compañía eléctrica de la factura los excesos de producción que el autoconsumidor haya vertido a la red.
IU-ICV-CHA también reclama que la autogeneración esté permitida no sólo para consumidores domésticos individuales o mancomunados, sino también para centros públicos y pequeñas empresas, sin límite de potencia instalada "salvo en el caso de varios consumidores a quienes pertenezca la instalación de generación", en cuyo caso la potencia máxima contratada no podrá ser superior a los 10MW.
Finalmente, exige que se elimine la obligación de inscribirse en el Registro Administrativo de Autoconsumo, así como que el incumplimiento de este deber o de cualquier otro requisito técnico sea una infracción muy grave, sino únicamente grave.
Según asegura el grupo parlamentario citando un estudio de la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético, la instalación de 400 MW al año en régimen de autoconsumo con balance neto podría generar unos 5.700 empleos directos en apenas cinco ejercicios, además de un ahorro de 130 millones de euros en importaciones energéticas y unos ingresos de 300 millones de euros por impuestos y ahorro de la partida de prestaciones por desempleo a las arcas públicas.
Las críticas de la Izquierda Plural contenidas en la iniciativa se refieren a la Ley del Sector Eléctrico, ya que la propuesta fue registrada en febrero de 2014, mucho antes de que el Ministerio de Industria presentara el borrador del real decreto que regula la actividad de autoconsumo para los particulares que produzcan su propia electricidad a través de placas solares u otras instalaciones y estén contectados a la red eléctrica, abierta a consulta pública este mismo mese de junio.
Una norma que exime a los autoproductores de pagar los costes de la red cuando producen electricidad para uso propio, pero que al mismo tiempo crea un recargo por los costes de respaldo que su actividad genera. Así, cuando los autoconsumidores tomen electricidad de la red pagarán, como el resto de clientes, un peaje para sufragar los costes fijos del sistema, y seguirán pagando todos los costes fijos en el autoconsumo, salvo los relacionados con las redes, asumiendo de forma adicional un "cargo por autoconsumo" relacionado con el coste de respaldo de su actividad.
Además, el real decreto limita el uso de baterías adosadas a las placas solares, cuya intercalación en los circuitos ya se encontraba prohibida, y recoge una rebaja en los recargos hasta 2020 para el autoconsumo en Canarias y Baleares, así como para la cogeneración. Los autoconsumidores tampoco podrán obtener una retribución por la electricidad excedentaria que viertan a la red.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios