Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, ha recurrido el informe de la Agencia Tributaria y pide al juez instructor que desestime la solicitud de más información sobre sus cuentas bancarias, aduciendo que se trata de una "indagación prospectiva" y una "extralimitación".
En ese informe, fechado el pasado 13 de febrero, Hacienda cifraba en casi un millón de euros la cantidad que Equipo Económico cobró entre 2011 y 2020 de empresas gasísticas, camuflados en parte como "prima de éxito", coincidiendo con avances en las reformas legislativas que las beneficiaban.
Además, la Agencia Tributaria ha pedido al juez del caso Montoro que reclame a los bancos información de las cuentas del exministro, así como de las cajas de seguridad vinculadas a su despacho Equipo Económico y del origen y destino de los 700 cheques que este movió, por importe de 6,4 millones de euros.
Tras ese informe y ante las nuevas comisiones rogatorias propuestas por la Agencia Tributaria, el despacho vinculado a Montoro ha presentado ante el juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que investiga el caso, un escrito de alegaciones en el que solicita que se desestime aportar más información bancaria, puesto que se trata de una "indagación prospectiva" y una "extralimitación".
Montoro y Hacienda
En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, Equipo Económico aduce que el informe de la Agencia de Tributaria no se ajusta a lo que había solicitado el juez.
Equipo Económico sostiene que la Agencia Tributaria no ha emitido "ninguna conclusión" como ordenaba el juez, sino que "lejos de concluir" los informes que datan de 2020, "se despacha con la solicitud de nuevos mandamientos y requerimientos, continuando con el viaje emprendido a ninguna parte".
Considera, en este sentido, que nos encontramos ante un "nuevo ejemplo de ese juego perverso en el que el único propósito, ante la evidente ausencia de un mínimo soporte indiciario de los hechos que se investigan, es una indagación prospectiva".
En el escrito se alega también una "extralimitación" subjetiva, material y temporal de los requerimientos que realiza la Unidad de Apoyo a la Fiscalía.
"Extralimitación subjetiva", razona, porque se pide información bancaria que implica a personas que no están siendo investigadas y "extralimitación temporal", puesto que se pretende requerir a las entidades financieras información del periodo comprendido entre el 01/01/2008 al 31/12/2019.
"No es que resulte desproporcionado una solicitud comprensiva de doce años completos de información bancaria -que lo es-; no es que sea una manifestación más de lo irracional que supone remontarse a hace dieciocho años, que también. Todo eso resulta extravagante. Pero lo más grave es que se remonta a períodos muy anteriores a la supuesta comisión de los delitos", se señala en el escrito.
También se apunta a una "extralimitación material", ya que "ninguna relación guardan los hechos investigados con las operaciones de hace más de diecisiete, trece y veintiún años, respectivamente, para las que solicita comisiones rogatorias".







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