La Autoridad Tributaria (AT) de Portugal está investigando la polémica venta de seis embalses de EDP después de que varios partidos hayan denunciado que la eléctrica debería haber pagado un impuesto de 110 millones de euros por la operación.
La investigación del Fisco fue confirmada este martes por el ministro de Finanzas luso, João Leão, durante una comparecencia en la comisión de medioambiente del Parlamento, donde recordó que la Autoridad Tributaria tiene "total autonomía" en la materia.
"La directora general de la AT me acaba de informar de que los servicios ya se encuentran trabajando en esta materia y están en la fase de recoger elementos preparatorios para que puedan promover las acciones necesarias, en tiempo y modo adecuados, a la eventual liquidación de impuestos debidos", señaló.
La venta de seis embalses de EDP en la región del Duero a un consorcio liderado por Engie levantó polémica en el país después de que varios partidos acusasen a la eléctrica lusa de planificación fiscal y de montar un esquema para evitar el pago de impuestos con la operación, algo que la propia EDP niega.
El PSD (centro-derecha), líder de la oposición, y el Bloco de Esquerda han denunciado que la operación debería pagar el llamado "imposto do selo", una tasa del 5 % sobre el valor de la operación, que se cerró por 2.200 millones de euros.
La operación contó con luz verde del Gobierno para transferir la concesión de los embalses a su nuevo propietario, por lo que el Bloco de Esquerda solicitó una comparecencia en el Parlamento de Leão y del ministro de Medioambiente, João Matos Fernandes, para hablar sobre la actuación del Ejecutivo.
Matos Fernandes defendió por su parte que el Gobierno no iba a "inmiscuirse en un contrato entre privados" y que no ejerció su derecho de preferencia en la operación porque no tenía ni tiene interés en quedarse con los embalses.
Si lo hubiese hecho, recordó, tendría que haber abonado a EDP los 2.200 millones de euros que pagó Engie.
La semana pasada fue el presidente ejecutivo de EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, quien compareció en la comisión parlamentaria, donde aseguró que "no fue una operación montada con planificación fiscal".
"Era el único modelo posible para garantizar que se mantenían los compromisos con las partes interesadas y el normal funcionamiento de los embalses", defendió.
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