El "agujero" que las comercializadoras piratas han dejado en el sistema eléctrico supera ya los 60 millones de euros, una situación ante la que el sector urge más medidas que frenen la proliferación de estas prácticas.
Aunque fuentes del sector aseguran que desde que se inició este tipo de operaciones fraudulentas el agujero superaría los 200 millones de euros.
En lo que va de año, el Ministerio de Industria ha inhabilitado a 15 empresas por prácticas fraudulentas similares: vender energía por más cantidad de la que adquieren, dejar de pagar las garantías que se exigen por esos desvíos o los peajes correspondientes.
Junto a estas 15 empresas, hay tres más en procedimiento de inhabilitación, apuntan fuentes del sector eléctrico.
Y en paralelo a estas inhabilitaciones de Industria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene 22 expedientes sancionadores ya resueltos por falta de adquisición de energía o de depósito de garantías y tres más en curso.
La mayoría de los clientes afectados suelen ser empresas que, una vez inhabilitadas estas compañías, vuelven a tarifas reguladas con la comercializadora de referencia en su zona.
El espacio para el fraude está en los meses de diferencia entre que se compra la energía y se termina de ajustar el proceso en las liquidaciones definitivas. Las pérdidas que dejan las asume el resto de agentes del sector en función de su peso en el mercado.
"Es una estafa al sistema eléctrico nacional, a las demás empresas y a los consumidores", subraya el presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), Emili Rousaud, y también director general de Factorenergia.
"Se aprovechan de cómo funciona el sistema, del decalaje del proceso de liquidaciones vendiendo a sus clientes energía que luego no adquieren, por lo que hacen ofertas muy baratas", explica Rousaud que reclama más medidas para impedir este tipo de actuaciones que dañan a todo el sector.
Se constituyen, facturan a los consumidores por la venta de un producto que no es de su propiedad y luego desaparecen.
"Estas prácticas dan mala fama a todas, el problema no es ser pequeño sino ser pirata", resume Rousaud, que reclama más medidas para atajar este problema, no tanto coercitivas sin preventivas.
También desde las grandes eléctricas -aunque reconocen que Red Eléctrica e Industria están actuando con mayor celeridad- reclaman más cambios normativos que hagan aún más rápido el proceso que termina inhabilitando a estas empresas.
Así, reclaman que ante los primeros incumplimientos de las obligaciones que tienen las comercializadoras como agentes del mercado se acelere el procedimiento de inhabilitación y el correspondiente traspaso de clientes.
También que este procedimiento se aplique al mercado del gas para evitar algo parecido, un riesgo que apuntaba recientemente en un informe Competencia que también ha reclamado más agilidad en los procesos de inhabilitación y más medidas preventivas.
"Sería conveniente establecer un período de tiempo durante el que no fuera posible presentar nuevas comunicaciones de inicio de actividad (...) así como que la Administración realice de oficio labores de supervisión específica", concluía en un reciente informe.
El pasado mes de junio, Industria ya aprobó algunos cambios para acortar esos tiempos de liquidación pero el problema no se ha terminado de atajar.
"Los plazos que se barajan todavía son demasiado amplios", insisten desde el sector.
Pero la situación, como otros tantos frentes abiertos, se encuentra con un Ejecutivo en funciones desde hace casi un año, que aunque consciente y preocupado de este problema tiene capacidades más limitadas para abordarlo.
josep manel
03/10/2016