El futuro de las centrales térmicas de carbón dependerá de quién pague las altas inversiones para modernizarlas

Las centrales carboneras en España penden de un hilo. El Plan Nacional Transitorio, basado en la Directiva 2010/75/UE sobre Emisiones Industriales, les obliga a reducir sus emisiones de gases contaminantes con la incorporación de plantas de desnitrificación además de importantes inversiones ambientales adicionales con una fecha tope, en cuatro años.

Aquellas centrales que no realicen esas inversiones de adaptación podrán seguir funcionando hasta el 30 de junio de 2020, momento en el cual deberán proceder a cesar su actividad, aunque podrán funcionar hasta finales de 2023 con un límite de horas si lo solicitan.

En España el 97% de las centrales existentes se ha acogido a un periodo de reflexión, es decir, 9.720 MW de los 10.085 MW instalados aún no han decidido si acometerán las reformas necesarias o cesarán definitivamente de su actividad. El tiempo corre en su contra y los rumores sobre la decisión final también.

Es lo que ha ocurrido con la térmica de Compostilla, en León, propiedad de Endesa. A lo largo de la semana pasada se sucedieron varias noticias contradictorias respecto a su cierre. Mientras que el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, aseguraba que Endesa le había dejado claro que la central cerrará sus puertas en 2020, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, le contradecía afirmando que "no es verdad que Endesa haya dicho a la Junta que vaya a cerrar en 2020" y ha explicado que no hay una decisión adoptada al respecto, aunque la térmica "tiene dificultades porque está produciendo al 30% de su capacidad".

"El escenario de la central térmica de Compostilla es muy negro", señalan fuentes cercanas a la eléctrica, "con tan pocas horas de funcionamiento al no haber hueco térmico, estas centrales no son rentables, si a eso añadimos que ahora deben asumir unos costes elevadísimos, obligados por la Unión Europea, su futuro no es muy halagüeño".

Según un informe de EDP, "solamente el 37% de la potencia instalada de las centrales térmicas de carbón en España (3.560 MW) ha mostrado su interés en continuar en funcionamiento más allá del año 2020". Ese porcentaje se refiere a las centrales que han realizado la tramitación ambiental necesaria, ya que la empresa propietaria puede proceder al inicio de las obras en el momento que considere oportuno:

• Central térmica de Aboño (Asturias) - EDP : 921 MW.
• Central Térmica de As Pontes (A Coruña) - Endesa: 1.468 MW.
• Central Térmica de Los Barrios (Cádiz) - Viesgo: 589 MW.
• Central Térmica de Soto de Ribera (Asturias) - EDP : 615 MW. Por el momento, solo la de Aboño, la central que estuvo encendida prácticamente todos los días del año, ha puesto en marcha la planta desnitrificadora obligatoria según la directiva europea, necesaria para reducir las emisiones de los óxidos de nitrógeno (NOx) presentes en los gases procedentes de la combustión del carbón en la caldera. Es la primera y, por el momento, la única.

"El coste de inversión que debe hacer una central térmica para adaptarse a la normativa europea es muy elevado y las empresas eléctricas se rigen desde un punto de vista económico y empresarial", señalan las fuentes, "si no salen los números no van a acometer esas reformas, a no ser que desde la Administración pública se les ayude a hacerlo".